vía El Sol de México.
Como hace poco más de una década ocurriera -de nueva cuenta- una ola de censura y autoritarismo comienza a formarse en algunos países sudamericanos contra la libertad de expresión y esto impacta en los medios de comunicación. Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del lunes pasado, en materia de derechos de las audiencias, queda de nueva cuenta a merced de ciertos grupos radicales la tentación de irse con todo contra la radio y televisión mexicana.
Bajo la supuesta defensa de los derechos de audiencias, se establecieron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRT) en 2014: la obligación de distinguir entre opinión e información, la imposición de códigos de conducta, la designación de interventores sobre lo que se diga y vea en radio y televisión, y en caso de incumplimiento y la suspensión de transmisiones.
Es importante señalar que tales atentados contra la libertad de expresión no se aplicaron, en 2017 hubo oportunidad de reformar la LFTR para quitar todas esas argucias, no les gusto e impugnaron ante la SCJN. Esta instancia actuó con responsabilidad al resolver el tema de derechos de audiencias, invalidó la reforma de 2017 por vicios en el procedimiento legislativo y claramente atajo que no se regresa al modelo autoritario de la Ley de 2014.
No obstante, la decisión de la SCJN deja la puerta abierta para futuras restricciones para el ejercicio de la labor periodística, que organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) han reaccionado manifestándose contra cualquier retroceso. A lo cual, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) informó que en caso de ser necesario recurrirá a instancias internacionales.
Esta reacción nacional e internacional, es porque no se trata de una cuestión menor, ya que se puede suscitar que se incluyan actos arbitrarios, procedimientos y recursos jurídicos dictatoriales, como los que en últimas fechas se han perpetrado en Nicaragua, Perú, o lo sucedido en Venezuela o Argentina, que atentan contra la libertad periodística.
Es inentendible la animadversión hacía la radio y televisión, salvo que ésta derive de un interés económico o de un complejo psicológico por el miedo e intolerancia a la labor crítica que realizan los medios de comunicación; cuando alguien dice que es un golpe fuerte para otro, es porque a ellos les tocó el golpe, inexplicable que insistan en que se debe “revivir” la Ley de 2014, cuando claramente la SCJN dijo que el Congreso legisle nuevamente, no que se resucite un muerto.
