vía El Economista.
Como en el caso de todas las ocurrencias del presidente López Obrador, CFE Telecom se perfila para ser otro barril sin fondo que succionará recursos presupuestales en una empresa que carece de sentido económico.
Como la refinería que no refina, el aeropuerto sin aviones y el tren que jamás transportará al número de pasajeros necesario para recuperar la inversión (independientemente de su alto costo ecológico, arqueológico y social), CFE Telecom nunca alcanzará el volumen de tráfico necesario para hacerla medianamente viable, o por lo menos, el gobierno ha sido incapaz de proporcionar una sola cifra razonable que permita suponer siquiera que la viabilidad de este nuevo capricho es algo que les preocupa.
López Obrador ya rescató de la quiebra a Altán, una empresa privada que desde su nacimiento ha sido subsidiada por el gobierno al otorgarle el uso de la valiosa banda de 700 MHz a la décima parte de su valor. ¿Sabrá el presidente que ese proyecto fue ideado por funcionarios del gobierno de Felipe Calderón en acuerdo con proveedores de equipo y que siempre fue inviable?
Ahora, usa a Altán (y algo de infraestructura que debe tener CFE Telecom después del presupuesto que se la ha asignado en los últimos años y que nadie sabe dónde quedó) para prestar servicios directamente a usuarios finales en zonas en las que la ley y el título de concesión de CFE Telecom expresamente lo prohíben. El artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece:
“Cuando el Instituto [Instituto Federal de Telecomunicaciones `IFT´] otorgue concesiones de uso comercial a entes públicos, aun y cuando se encuentre bajo un esquema de asociación público-privada, éstas tendrán carácter de red compartida mayorista de servicios de telecomunicaciones, en los términos dispuestos por esta Ley.
En ningún caso podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales.
Cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste servicios a los usuarios finales en determinada zona geográfica y exista cobertura e infraestructura de las redes mayoristas [compartidas], el Ejecutivo Federal garantizará, a través del organismo descentralizado denominado Telecomunicaciones de México, de comercializadoras o concesionarios, la prestación de servicios a los usuarios ubicados en las localidades respectivas, hasta en tanto exista otra oferta para los usuarios”.
El título de concesión de CFE Telecom refleja la misma prohibición. Ya sabemos que a López Obrador no le gusta que le vengan con eso de que la ley es la ley y le tiene sin cuidado violarla.
Él argumentará que su objetivo es noble pues llevará servicios a las zonas rurales que nadie quiere atender.
Ese objetivo no sólo es loable: es una obligación que la ley vigente establece para el Ejecutivo Federal.
No obstante, CFE Telecom está ofreciendo de manera ilegal servicios a usuarios finales en 124 localidades que ya cuentan con al menos un concesionario o autorizado privado que presta los servicios; algo que contradice claramente el discurso populista. Entonces, si CFE Telecom no está llevando servicios a los que carecen de ellos, podemos suponer que su intención es otra.
Aunque hoy CFE Telecom cobra por sus servicios (en algunos casos con un evidente subsidio), López Obrador ha prometido prestar servicios gratuitos de acceso a Internet.
Aunque la ley le impide hacerlo, no hay la menor duda de que lo hará (y, casualmente, lo hará en la campaña presidencial de 2024). Vendrá una doble violación a la ley, tanto en telecomunicaciones como en materia electoral.
Cabe recordar que nada es gratis y esos servicios serán subsidiados con recursos públicos para sacar ventaja electoral. Aún no llega el tiempo en que el Instituto Nacional Electoral (INE) deba actuar, pero ya es tiempo de que el IFT lo haga. Es en estas coyunturas en que los órganos autónomos deben demostrarnos que de verdad son un contrapeso ante las violaciones a la ley por parte del Ejecutivo. Si el IFT (y, en su momento, el INE) se quedan de brazos cruzados, se habrá demostrado que sus integrantes no están a la altura de la altísima responsabilidad que la Constitución les confirió.
@gsoriag