Vía El Universal
En las últimas dos semanas, nos hemos enterado de que la alcaldesa de Tijuana —la segunda ciudad más grande del país— tiene que dejar su casa e irse a vivir, con su hijo, a un cuartel militar, pues nadie puede garantizar su seguridad. Otra alcaldesa, la de Chilpancingo, tiene que ir a negociar garantías mínimas para su ciudad con líderes de la delincuencia organizada, mientras que en varias ciudades de Chiapas se vive una auténtica guerra, donde no hay autoridad que valga.
Asimismo, nos enteramos de que, en Michoacán, le lanzan mil balas y granadas durante más de media hora a un líder comunitario —además de videograbar el ataque y la muerte de él y su escolta policial— sin que se aparezca ninguna autoridad; también, en Guanajuato y Jalisco, el crimen organizado está poniendo coches bomba. EL UNIVERSAL reportó el domingo pasado que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás de éstos, como parte de una nueva estrategia criminal, según fuentes federales.
También, en Nayarit matan a un periodista de La Jornada por sus publicaciones y el titular en jefe de las Aduanas en México renuncia y lo mandan a Suiza, por amenazas del crimen organizado. Y en Toluca queman a ocho personas e incendian la Central de Abasto, en lo que parece ser un cobro de piso.
Y, desde luego, se publicó que el mes pasado rompió el récord anual de homicidios, con 2 mil 303, y el sexenio del Presidente López Obrador también rompió récord histórico de homicidios sexenales, con más de 156 mil.
¡Todo lo anterior en las últimas dos semanas! Muy delicado. Así que, a estas alturas, queda claro que el gobierno federal no tiene mucha idea de cómo combatir a los generadores de violencia en el país y, en cambio, éstos avanzan en el control territorial y en el número de actividades ilícitas que realizan.
Incluso, ya les han perdido el respeto a las Fuerzas Armadas, pues son cada vez más frecuentes las agresiones a éstas con drones armados, emboscadas o, como aconteció en Celaya, llaman a la Guardia Nacional para hacerles explotar un coche bomba, dejando un muerto y otros nueve heridos. Lo antes expuesto demuestra, también, la falta de preparación en el grueso de nuestras fuerzas federales para lidiar con el crimen organizado.
En varios países en donde no se quiere ver a sus soldados o policías muertos en combates, se acostumbra a contratar mercenarios. Uno de los primeros fue el Vaticano que, desde 1506, tiene contratada a la Guardia Suiza. Hoy, los ejércitos mercenarios se usan en EU, Alemania, Canadá, Francia, Rusia, Colombia, Venezuela, Siria o Yemen, por citar algunos ejemplos.
Dado que el actual gobierno de la 4T ha tratado de no tensar la relación con Rusia —y hasta ha tratado de ayudar en posicionamientos sobre la guerra en Ucrania—, una opción de “ayuda” sería traer a Yevgeny Prigozhin y parte de su ejército privado a México, conocido como el Wagner Group. Los wagnerites cobrarían por enfrentar a la delincuencia, algo que ya hacen en otros países, mientras que la 4T le quitaría al gobierno ruso un problema al traer a Prigozhin a México, toda vez que el jefe mercenario se resiste a refugiarse en Bielorrusia, según el acuerdo con Putin.
Además, en México no habría problema para usar a mercenarios pues, curiosamente, nuestro país no es parte de la Convención Internacional contra el Reclutamiento y la Utilización de Mercenarios (ONU, 2001).
¿Cuánto cobra un ejército mercenario? Según datos públicos, por elemento, son 9 mil dólares al mes (4 mil 500 para ese individuo y un tanto igual para la empresa). Así que, si se quieren unos 5 mil elementos, el costo mensual rondaría 700 millones de pesos, a lo que habría que agregar el armamento.
Contratar mercenarios no es lo ideal. Nunca lo hubiéramos imaginado. Y surgen muchas dudas sobre los riesgos que con- lleva. Pero, ¿qué hacer mientras se capacita a una fuerza federal para retomar el control de las zonas del crimen organizado? Quizá sea una discusión que debamos tener a profundidad. Lo que no puede seguir pasando es la gran cantidad, decenas de miles de paisanos muriendo, desapareciendo, emigrando o siendo extorsionados. Y es que, como dijera el periodista Roberto Zamarripa, el “descuadre grave” ya ocupa medio país, mientras los políticos están en sus grillas, algo que ya es inaceptable.
