Federico González Luna Bueno | El Financiero | 26 de Noviembre 2015.
En días recientes, casi todas las fuerzas políticas se han pronunciado a favor de revisar al modelo de comunicación política vigente desde 2007, cuando se aprobó una reforma constitucional inspirada en las peores causas y motivos, en perjuicio de la ciudadanía.
La única fuerza política que se ha pronunciado en contra de cualquier cambio es la liderada por el sempiterno candidato tabasqueño, que se beneficia directamente de este modelo restrictivo, con el que busca posicionarse desde hoy ante el electorado para las elecciones de 2018.
Él sólo ve un nuevo “compló”.
Entre otras vicios, el modelo de 2007 quitó a los ciudadanos el derecho a expresarse en radio y televisión, porque ello rompía la equidad electoral. este sólo fue el comienzo; a pesar de que México aspira a vivir en una democracia moderna, el régimen legal cada día enmudece más a cualquiera que quiera participar en el debate político desde los medios de comunicación electrónicos. Es insostenible que reporteros, comentaristas y editorialistas, es decir, los profesionales de la comunicación, no puedan emitir una opinión o comentario, ya que si lo hacen corren el riesgo de ser sancionados porque su opinión puede beneficiar o perjudicar a un partido o candidato.
Si seguimos por la ruta trazada, vamos a llegar a los excesos de falta de libertad que tienen países como Venezuela, Argentina o Bolivia.
La desconfianza entre la clase política no debe trasladarse a los ciudadanos; nosotros debemos elegir que vemos, que escuchamos y que decimos, no comités oficiales, que defienden las buenas conciencias.
La equidad electoral se ha convertido en excusa para menoscabar la libertad de expresión. Entre uno y otro principio (que en realidad no se anteponen) prefiero el derecho de las personas de expresarse libremente, porque el primero es un derecho que ya tenemos, sin más, y el otro es un acto de la autoridad que interpreta lo que más nos conviene a los ciudadanos.
Con razón, muchos actores y personajes se han decantado por la revisión del modelo de comunicación político electoral. Debe ser un ejercicio profundo, reflexivo, incluyente, pero también urgente, que tenga mucha claridad sobre la democracia a la que aspiramos.
Destaco las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) así como lo expuesto en el informe anual del Tribunal Electoral Federal (TRIFE) ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La OEA en el informe presentado por los observadores electorales sobre el pasado proceso electoral de junio de 2015 de nuestro país, textualmente recomienda que se abra una discusión lo más amplia posible sobre los cambios que se deben introducir al modelo de comunicación política; el actual régimen no permite un debate político intenso, dinámico y democrático, se trata de una política pública de “temor” para reporteros y medios de comunicación, donde además, la inmensa cantidad de “spots” publicitarios de 30 segundos no se traduce en un voto más informado y sólo alimenta el descontento ciudadano.
Por su parte, el TRIFE manifiesta que los más de 41 millones de promocionales en radio y televisión son insuficientes, en forma cualitativa, ya que no proporcionan información alguna relevante y no se asegura el derecho a la información política de los ciudadanos.
Textualmente refiere que el sufragio libre y auténtico carece de un campo propicio en la reflexión, debido a que la sociedad carece de información útil para su elección política.
Los ciudadanos queremos discutir, polemizar y cuestionar a los candidatos y a la clase política, y que entre ellos existe un auténtico y férreo debate. La radio y televisión deben ser un medio para ello, no puede seguir cerrado el canal bajo la justificación de que se trata de una concesión de Estado.
Para colmo, hemos de decir que las buenas conciencias ya paladean su incursión a Internet.