El 2016 será un año crucial para el futuro de la industria de las telecomunicaciones en México y para la consolidación o retroceso de la reforma constitucional promovida por el presidente Peña Nieto. Veremos, de una vez por todas, si el control regulatorio del agente preponderante en el sector, América Móvil (AMX), es una realidad o es una simple simulación para, una vez más y como el gatopardo, cambiar para que nada cambie.
En este espacio he documentado las múltiples artimañas en las que ha incurrido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para minimizar el efecto de las medidas de preponderancia que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impuso a AMX: algunas veces jugando con los modelos de costos, otras permitiéndole la escisión de toda la infraestructura pasiva de Telmex y Telcel para, eventualmente, hacer inútiles las ofertas públicas de referencia recién aprobadas; algunas más omitiendo el análisis y sanción a la flagrante violación a la regla de gratuidad derivada de su asociación con Dish, y un largo etcétera.
En los primeros meses del 2016 habrá de revisarse el cumplimiento de AMX a las medidas de preponderancia para ver si el IFT modifica el título de concesión de Telmex y le permite dar televisión. El tema es de la mayor trascendencia porque la ley expresamente indica que el cumplimiento debe ser efectivo; es decir, debe haber tenido efecto en el mercado, y por mucho que AMX y el IFT quieran afirmarlo, ninguna de las medidas que éste impuso a aquélla ha tenido aún efecto alguno: la compartición de infraestructura pasiva y la desagregación de la red local aún no entran en vigor, ningún operador se ha beneficiado de ellas y no han pasado del papel a la realidad.
Por lo que hace a las medidas asimétricas que sí han funcionado y que básicamente son dos: la tarifa de interconexión cero y la prohibición del efecto club, ambas fueron impuestas por el Congreso de la Unión en la ley, y no por el IFT en su tibia y condescendiente resolución, que, como he dicho, no ha servido aún para nada que se haya visto reflejado en la realidad del mercado. Así es que veo muy cuesta arriba que el IFT se atreva a declarar el cumplimiento efectivo de unas medidas que no han tenido efecto alguno en la realidad. ¿Sí se entiende la simple relación entre las palabras efectivo y efecto o necesito explicarla?
Por otro lado, para que AMX pueda prestar servicios de televisión debe cumplir, además, con otros tres requisitos: 1) estar en cumplimiento de sus títulos de concesión; 2) estar en cumplimiento de la Constitución y la ley, y 3) acreditar que, de autorizársele prestar el servicio de televisión restringida, no se corre el riesgo de que se convierta en agente con poder sustancial en ese mercado.
El simple hecho de la concentración con Dish, ya expresamente reconocida por el IFT, y el haberse beneficiado de la retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta, lo hacen incumplir con los requisitos uno y dos. El punto tres, por su parte, es el de mayor complejidad técnica.
Para dominar el mercado, un operador de televisión restringida sólo necesita acceso al mayor número de casas pasadas y contenidos exclusivos. AMX tiene ambas cosas. AMX, a través de Telmex, tiene, por mucho, el más alto número de casas pasadas en todo el país, y además es el mayor operador de televisión restringida en América Latina a través de su marca Claro, lo que le da acceso a una gran variedad de contenidos exclusivos. Su tamaño es tal, que como lo hizo en todos los demás servicios de telecomunicaciones, seguramente podría fijar precios y desplazar competidores. Así es que, formulemos la pregunta ¿de autorizársele televisión a AMX, se corre el riesgo de que se convierta en agente con poder sustancial también en ese mercado?
