El martes de la semana pasada, el Presidente López Obrador subió un video a sus redes sociales para comunicar que su gobierno había concretado una transacción con la empresa española Iberdrola, mediante la que “el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola”. La capacidad total de generación de esas plantas es de 8,539 Megavatios y el valor de la operación anunciado es por 6 mil millones de dólares.
Después del presidente intervino el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, quien trató de dar una explicación sobre la operación, consistente con la narrativa del presidente. Ahí habló de “una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica… para que las tome el FONADIN, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción”.
Ese mismo día, Iberdrola comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España varios detalles alrededor de esta operación. Entre otras cuestiones, que el acuerdo es “para la adquisición por un fideicomiso privado gestionado por MIP (Mexico Infrastructure Partners) de la totalidad del capital de determinadas sociedades titulares de centrales de generación con una capacidad instalada total de 8.539 MW en México”. En una presentación para inversionistas mencionó que la transacción estaba siendo “financiada por instituciones públicas mexicanas (FONADIN y Bancos de Desarrollo)”.
En esa presentación, señaló que del total de capacidad involucrada en la transacción, 7,400 Megavatios corresponden a 10 plantas que ya suministran la electricidad generada exclusivamente a la CFE bajo la figura de Productor Independiente de Electricidad (PIE) y que se trata de plantas cuya concesión “debe ser renovada”.
Asimismo, informó que 5,000 Megavatios, que representan el 60% del total, corresponden a centrales eléctricas con más de 16 años de operación. Si tomamos en cuenta que la propia Iberdrola anunció en 2016 que había alargado la vida útil de todas sus plantas, incluidas las de México, a un período de 40 años, significa que al 60% de lo vendido por la empresa española le restan máximo 24 años de vida útil. También, reveló que 4 plantas, que representan 1,400 Megavatios, están afectados “por litigios abiertos con organismos reguladores”.
De esta información se desprende sin lugar a dudas, que quien adquirió las 13 plantas es un fondo privado, con financiamiento del FONADIN y la banca de desarrollo. Así que en primer lugar, no es verdad que haya sido el gobierno, la SHCP o el FONADIN o la CFE quien adquirió las planta. Fueron inversionistas privados.
De los datos operativos aportados por Iberdrola, resulta evidente que ante el complejo panorama de poder renovar las concesiones de al menos 10 de las 13 plantas y ante el hecho de que 4 plantas están en una situación inoperante por los litigios, ningún inversionista racional habría estado dispuesto a pagar a Iberdrola la jugosa cifra de 6 mil millones de dólares.
Ante una prospectiva como esa, cualquier otro inversionista habría utilizado la circunstancia a su favor para castigar el precio a pagarle a la empresa que estaba tratando de desprenderse de esos activos. Así que hay que decir que el gobierno de México orilló a un fondo privado, MIP, a pagar mucho por unas plantas cuyo valor de mercado era sustancialmente menor, y encima de ello le facilitó recursos públicos para financiar el absurdo lance de negocios. El costo promedio de generación en las plantas de ciclo combinado de CFE es en promedio 24% más alto que el de las plantas de ciclo combinado de las privadas. Con su ampliamente documentada ineficiencia, ¿usted cree que CFE disminuirá el costo de todas sus demás plantas o, que por el contrario, terminará incrementando el costo de generación de esas 13 que se involucran en la transacción? Yo pienso que ocurrirá lo segundo. Por lo pronto, se puede afirmar, sin exagerar, que lo de la nacionalización es puro cuento.
@GerardoFloresR
