Vía El Heraldo por Gonzalo Rojon
En abril de 2020, en plena crisis pandémica, el entonces Diputado Sergio Mayer Breton, del partido Morena, propuso una iniciativa que impondría un canon a cualquier dispositivo que permitiera almacenar, compactar, duplicar o reproducir contenido protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).
Nuevamente, (sí, ¡otra vez!) los Senadores de la República Ricardo Monreal, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Armenta, entre otros, presentaron prácticamente la misma iniciativa.
La premisa de los legisladores parte de que todos los que usamos estos dispositivos (smartphones, computadoras, tabletas, decodificadores de TV, servidores, tarjetas de memoria, etc.) nos dedicamos a infringir los derechos de autor.
Como bien se justificó en 2021, este señalamiento genérico contra quienes usamos estas tecnologías es un sinsentido.
Los consumidores no realizan copias privadas en perjuicio del creador intelectual de música, películas y otras obras o contenidos audiovisuales. Al contrario, estos dispositivos no han hecho más que incentivar su consumo legal a través de servicios digitales y de streaming para el consumo legal.
Pero no den mi palabra por buena, consulten la Encuesta Nacional sobre Hábitos de Consumo de Piratería, realizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): entre 2019 – 2022, los rubros correspondientes a Películas, Música, Series y Programas de TV y Videojuegos registran un descenso en su consumo ilegal.
Adicionalmente, la propuesta tiene un efecto claramente regresivo: pues afectaría más a la población con menores ingresos del país, cuando el Estado debería estar impulsando la adopción Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por mandato constitucional. Iniciativas como esta terminan por promover la pauperización digital de la mano de mismo Estado.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022 reveló que, en el ámbito urbano, solamente 83.8 % de la población de 6 años o más utilizo´ internet, mientras que, en el ámbito rural cae a 62.3 %.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2022 indica que el 10% de los hogares con menor poder adquisitivo perciben solo $4,466, de los cuales destinan $947 (19.3%) a transporte y servicios de telecomunicaciones. Considerando que hay 3.4 personas por hogar esto representa un gasto promedio por individuo de $278.50 pesos en estos rubros.
Estas cifras demuestran que claramente existe una barrera económica para el acceso efectivo y continuo a los servicios de telecomunicaciones y, no sólo eso, sino que entran en franco contraste con los casi $700 millones de pesos que se presupuestaron para los legisladores para gasto en bienes y servicios TIC (PEF 2023).
Será interesante ver cómo se va a explicar a las personas sin conectividad y con un pequeño presupuesto para servicios de telecomunicaciones que un grupo de Senadores, los cuales claramente no pertenecen al decil más bajo de ingresos, tuvieron la ocurrencia de poner un nuevo impuesto que los alejará de la conectividad plena.
Esta propuesta debe desecharse nuevamente, pues por tercer año consecutivo, seguimos discutiendo un gravamen caduco y sin sentido, que va en contra de los preceptos que el gobierno debería estar impulsando: conectividad universal y disponibilidad de mejores dispositivos, especialmente para la población económicamente más vulnerable.