Por tercera vez se pospone el proceso licitatorio de la red compartida en telecomunicaciones. La SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunciaron que se posterga seis semanas a fin de que los participantes terminen de cerrar sus compromisos de financiamiento.
La red, por mandato constitucional, tenía que empezar a ser instalada en el 2014 y estar en operaciones en el 2018. Es la hora en que no se ha podido siquiera termina de licitar, y mucho menos asignar. Con un costo estimado en 7 mil millones de dólares, la red compartida sigue siendo el gran enigma de la reforma en telecomunicaciones.
El gobierno federal ha dado todas las facilidades a los potenciales participantes para la concreción de este ambicioso proyecto. De entrada, la Secretaría de Hacienda les concedió un descuento del 90 por ciento en el pago de derechos de la banda de 700 MHz. Este regalo significa alrededor de 2,600 mdp anuales durante la vida de la concesión.
Ahora se está cocinando en el seno del IFT, la posibilidad de suspender la licitación de espectro en la banda de 2.5 GHz, a pesar de haber sido incluida en el programa de licitaciones del órgano regulador. ¿Y esto, por qué es importante?
Hay que recordar que esta red sólo le puede prestar servicios a los operadores móviles (Telefónica, Telcel, y ATT). La red compartida no puede ofrecer capacidad al usuario final. Por lo tanto, en la medida que estos tres concesionarios no satisfagan sus necesidades de espectro, tendrán que forzosamente arrendar capacidad de la red.
Si el regulador suspende la licitación de la banda de 2.5 GHz, Telefónica, Telcel, y ATT no podrán adquirir más espectro para cubrir la creciente demanda de banda ancha por parte de sus clientes. ¿A qué obligas a los concesionarios? Pues a comprar capacidad de la red compartida. Así de perverso es el juego y de ello depende el éxito del proyecto. El gran negocio se hará a expensas de los tres operadores establecidos.
En enero escribía en este mismo espacio que este proyecto es un engendro. La naturaleza misma de la red provoca muchas dudas y cuestionamientos ante las mejores prácticas internacionales en cuanto a uso y explotación del espectro radioeléctrico. En ningún país del mundo, salvo Ruanda (PIB per cápita de 750 dólares anuales), hay un diseño de red con estas características.
Mantengo la idea del engendro. Estamos ya en el segundo semestre de 2016 y sigue sin adjudicarse esta asociación pública privada (APP), entre el gobierno y un particular. La realidad es que nadie tiene una completa certidumbre en cuanto al alcance y viabilidad del proyecto.
