Gerardo Soria | El Economista | 30 Marzo 2016
El proceso de licitación de la red compartida mayorista que acaparó la totalidad de la banda de 700 MHz volvió a retrasarse. Esta vez fueron dos los pretextos: (i) darle más tiempo a los interesados para formar consorcios y (ii) que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tenga tiempo para pensar las respuestas a los cuestionamientos formulados en las juntas de aclaraciones a las bases de licitación.
El primero no pasa de lo anecdótico. Después de dos años de retraso, un mes más no creo que tenga mayor efecto, ni para bien ni para mal, en la configuración de los consorcios que lleguen a participar, si es que hay alguno. El segundo es el que me parece preocupante: ¿quiere decir entonces que la SCT carece de respuestas para algunas de las preguntas formuladas? Desafortunadamente, la respuesta es sí.
Aventuro dos preguntas para las cuales la SCT carece de respuesta: 1. Después de la licitación de AWS, la concentración de espectro por parte de Telcel y el canje de bandas de frecuencias entre AT&T y Telefónica, ¿quiénes van a comprar los millones de minutos al mayoreo que se requieren para que la red compartida sea rentable? 2. El modelo de SCT contemplaba que gran parte de la infraestructura que requiere la red compartida se desplegaría sobre la infraestructura pasiva del agente preponderante en telecomunicaciones; sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó una oferta pública de referencia sin precios, así es que ¿cuánto costará el despliegue de infraestructura de la red compartida?. La SCT no lo sabe y dentro de un mes tampoco lo sabrá. El proyecto Red Compartida nació podrido por la ambición y corrupción de Molinar Horcasitas y Mony de Swaan, y por muchas ganas y buena fe que le echen Mónica Aspe, Fernando Borjón o Merrill Lynch, no van a lograr que haga sentido lo que nunca lo tuvo.
En su desesperación, la SCT pretende que alguien más bendiga su violación a la ley para entregar la red compartida a China Telecom. Como niño en Halloween, anduvo tocando puertas para ver quién era el ingenuo que le decía que una empresa paraestatal extranjera sí podía ser propietaria de concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones, y parece que la Secretaría de Economía fue ese ingenuo ignorante. El truco estaba en la pregunta, porque un novato se iría directamente al artículo 111 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sólo habla de gobiernos extranjeros, no de paraestatales, como China Telecom. Alguien más fogueado, un verdadero experto, hubiera consultado el artículo 18 de la Ley de Vías Generales de Comunicación vigente:
Artículo 18. En ningún caso se podrá, directa o indirectamente, ceder, hipotecar, ni en manera alguna gravar o enajenar la concesión, los derechos en ella conferidos, la vía, edificios, estaciones, servicios auxiliares, dependencias o accesorios a ningún gobierno o Estado extranjeros, ni admitirlos como socios de la empresa concesionaria.
Cualquiera operación que se hiciere contra lo preceptuado en este artículo será nula de pleno derecho.
De verdad, qué vergüenza con los chinos. Otra vez quedándoles mal.
Es, sin duda, un acierto el nombramiento de Fernando Borjón como director del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel). Hombre de probada experiencia y honradez al servicio de la industria envía un mensaje de certidumbre; no obstante, es un completo desacierto la existencia misma de Promtel. Se trata de una empresa paraestatal con concesión para prestar servicios de telecomunicaciones en flagrante competencia con los operadores privados y sin ninguna prohibición expresa que le impida beneficiarse a través de triangulaciones de la excepción a la licitación establecida en la ley de adquisiciones, como han hecho tantos durante tanto tiempo. Borjón es garantía, pero ¿se imaginan a Martí Batres ahí mismo?
