El derecho a la privacidad en sus diferentes acepciones se ha debatido durante muchas décadas en éste y en otros países. Durante muchos años, este debate giró en torno al periodismo y al actuar de los medios masivos de comunicación, primero impresos y posteriormente electrónicos.
El debate relativo a los límites en el ejercicio del periodismo, vis a vis, el derecho a la privacidad, de cualquier persona en lo general, y de las personas que, como los políticos y los artistas son considerados de interés del público, en específico, mantiene total vigencia sin lugar a dudas. La evolución de las telecomunicaciones y de los aparatos terminales móviles que inundan las redes con fotografías y videos, mismos que se transmiten de manera instántanea a través del Internet, ha revivido muchas preocupaciones deontológicas que se estimaban, en buena medida, resueltas.
En años recientes, el derecho a la privacidad se ha visto abiertamente amenazado, aunque suene paradójico, por la actuación de los entes públicos que tienen la misión de protegerlo. Con el advenimiento de la guerra en contra del terror o del eje del mal, iniciada posteriormente a los ataques terroristas en contra del WTC de la ciudad de Nueva York, evento al que comúnmente nos referimos como “9/11”, al cual siguieron los cobardes atentados en ciudades europeas como Madrid y Londres, en distintos países se han emitido leyes y otras disposiciones jurídicas que buscan proteger la seguridad nacional o pública, pero que, a decir de muchos analistas, académicos y ONG, ponen en riesgo la privacidad mínima que debe gozar todo gobernado en un Estado de derecho.
Así, por ejemplo, la radiodifusora pública estadounidense, “PBS”, dio a conocer en una entrega reciente de su programa estelar “Frontline”, el uso que una de las agencias de inteligencia de ese país, la NSA, le ha dado durante años a la metadata, generada por las comunicaciones de voz y datos de los usuarios estadounidenses y de muchos otros países del orbe. La metadata es la información de origen y destino, horario y duración, entre otros, que genera cada llamada, correo electrónico, o búsqueda en el Internet, sin que la metadata incluya el contenido mismo de la comunicación en cuestión.
A pesar del escándalo que han generado revelaciones como la descrita en el párrafo anterior, el debate respecto de qué debe privilegiarse, la seguridad o la privacidad, sigue escalando. Ahora, de manera impensable hace algunos años, con la entrada de un nuevo protagonista: la industria privada representada por los gigantes tecnólogicos estadounidenses, como son Apple y Facebook, que se oponen a la apertura de los datos generados por sus miles de millones de usuarios a favor de las agencias de seguridad.
Apple se rehusó abiertamente a desencriptar o decodificar su sistema operativo de dispositivos móviles, “iOS”, a pesar de que la petición del FBI en este sentido se centró en la desencripción del iPhone de un terrorista comprobado. Lo que argumentó la empresa dirigida por Tim Cook fue que abrir una “puerta trasera” en su software, aunque en este caso pudiera parecer justificado, pondría en riesgo la privacidad en el uso de estos dispositivos de parte de todos y cada uno de los usuarios de Apple.
En la siguiente entrega se analizará lo que ha sucedido en otros casos relacionados, así como el clima que priva en nuestro país en torno de este debate.