Hace casi dos años, el 6 de marzo del 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a América Móvil y a sus dos principales subsidiarias, Telmex y Telcel, en su carácter de agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones, una serie de obligaciones especiales, cuyo objetivo expreso era limitar sus abusos en contra de sus competidores y permitir un acceso equitativo a ciertos insumos esenciales de su propiedad o bajo su control.
Salvo algunos errores manifiestos, como haber bendecido el efecto club, en el papel las obligaciones impuestas a Telmex y Telcel sonaban acordes con las mejores prácticas internacionales y muchos creímos que el IFT se convertiría en el regulador estricto que tanta falta le hace al país, pero el tiempo pasó y todas las obligaciones se han quedado en el papel. Ninguna ha llegado a tener efecto en el mercado ni ha beneficiado a la competencia.
Las ofertas públicas de referencia para el uso de la infraestructura pasiva de América Móvil —es decir, para usar sus torres, postes, ductos, etcétera-, continúan sin precios, y cuando un competidor le pide al IFT que los fije, ya que es imposible llegar a un acuerdo con América Móvil, el IFT busca el pretexto más absurdo para desechar la petición y dejar que el tiempo pase. La oferta para la desagregación de la red local de Telmex entró en vigor el 1 de enero del 2016 y, a la fecha, no hay operador alguno que haga uso de ella. Telmex sigue entorpeciendo la interconexión para demeritar la calidad de servicio de sus competidores y el IFT no hace nada ante las constantes denuncias. La entrega de enlaces a los competidores continúa siendo tardía y discriminatoria, aunque en el papel todo se vea muy bonito.
Como indiqué en mi artículo de la semana pasada, y seguiré repitiendo hasta que quede claro, las medidas de preponderancia del IFT no han tenido nada que ver en la baja de precios en el sector. Fue la ley la que prohibió que Telmex y Telcel cobraran distinto por llamadas dirigidas a números dentro de sus propias redes respecto de aquellas dirigidas a las redes de sus competidores, lo que mejoró en algo las posibilidades de competir para Telefónica y AT&T. También fue la ley la que eliminó el cobro de larga distancia y roaming nacional y el pago de tarifas de interconexión a Telmex y Telcel. Por tanto, fue el Congreso de la Unión, y no el tibio IFT, el que logró reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones.
Ante estos antecedentes, y a una semana de que inicie la revisión por parte del IFT de sus hasta ahora inútiles medidas de preponderancia, le pregunto: ¿cuántos y cuáles competidores utilizan la infraestructura pasiva de Telmex y Telcel? ¿Qué tipo de infraestructura usan y en dónde? ¿Cuánto pagan por ella? ¿Esos precios, en su caso, son accesibles para todos o son discriminatorios? ¿Cuántos desacuerdos han resuelto para fijar precios en materia de infraestructura pasiva entre el preponderante y sus competidores? ¿Cuáles fueron sus argumentos para desechar el desacuerdo entre Telefónica y el preponderante?
Respecto de la desagregación de la red local del preponderante: ¿cuáles son los competidores del preponderante que el día de hoy usan su red local desagregada? ¿En dónde? ¿A qué precios? ¿Incluye su red de fibra óptica que tanto beneficiaría a la competencia en el servicio de video y audio restringido?
¿Cuáles de los operadores móviles virtuales que han firmado contratos con Telcel tienen suscriptores reales y no de papel? ¿En dónde y cómo se pueden contratar sus servicios? ¿Cuántos suscriptores reales tienen y qué porcentaje del mercado total representan?
