Federico González Luna Bueno | El Financiero | 3 de marzo de 2016.
Durante mucho tiempo se criticó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones de que no ‘sacaban al mercado’ el espectro suficiente para cubrir las necesidades de los operadores de telecomunicaciones. Ante el crecimiento de la demanda de servicios derivada de usuarios más ávidos de datos, velocidad e información, muchos celebran, quizá de manera inercial, que ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) haya desplegado un ambicioso programa de adjudicación de bandas del espectro radioeléctrico.
La autoridad ha cuidado el diseño y ejecución de las licitaciones, promueve consultas públicas y la discusión de los modelos adoptados; incluso se alega que se han ajustado a las mejores prácticas internacionales para una asignación eficiente, al utilizar mecanismos novedosos como la subasta combinatoria de reloj.
En pocas palabras, arguyen que se están derribando barreras estatales que impedían a los particulares acceder de manera eficiente al valioso espectro radioeléctrico. Todo ‘conforme al libro’.
Pero tal ánimo no debe caer en convertirse en acciones a ciegas, ajenas a los mensajes que la realidad misma está enviando de manera reiterada. Realidad que nos dice que estamos ya ante una sobreoferta de espectro radioeléctrico, que a lo único que conducirá es a la caída de su valor; la existencia de espectro ocioso; acumulación indebida del mismo, y altos costos de oportunidad por no haber reservado el espectro para una mejor ocasión.
La reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 ordenó la existencia de un Programa Nacional de Espectro que garantizase un uso óptimo y planeado de dicho bien valioso, no que hubiese una gran venta masiva y acelerada que asignara la totalidad del espectro disponible lo más pronto posible. Acaso, las únicas licitaciones que se ordenaron desde la Constitución fueron las de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión y la –incierta- red compartida.
Se debe entender que la oferta no crea su propia demanda. Muestra de ello: una cadena de televisión se quedó desierta apenas hace unos meses; no hay postores significativos para la red compartida (fuera de los mismos que planearon tal modelo); y en la reciente licitación de espectro AWS se observaron signos preocupantes: a) sólo hubo dos competidores (Telcel y AT&T); b) un bloque de espectro se quedó desierto; c) los precios fueron incluso menores a los de la licitación de las mismas bandas de hace cuatro años, y d) se presentó una peligrosa acumulación de frecuencias a favor del preponderante del sector telecomunicaciones (imaginemos las críticas que se suscitaría si Grupo Televisa participara y se llevara la mayor parte de las frecuencias de una segunda cadena de televisión abierta a nivel nacional).
La escasez de postores sólo refleja que la oferta no se está cruzando con la demanda; lo que no sería extraño en un mercado en competencia, donde alguien sale a vender y nadie compra. El IFT no puede desconocer que los resultados están promoviendo que el agente preponderante en telecomunicaciones consolide su posición como principal detentador de espectro para servicios móviles (creció de 29.8 a 41.2 por ciento).
La eficiencia espectral no es cuantitativa bajo la idea de lograr la adjudicación de la totalidad o del mayor espectro disponible, sino que debe tener fines cualitativos en cuanto a que verdaderamente se logre mayor diversidad, nuevos participantes e inversiones frescas que se traduzcan en mejores precios y calidad para los usuarios. En competencia efectiva, tal y como lo ordena la Constitución.
Si el IFT no reconoce esta realidad, seguirán presentándose los mismos escenarios: precios bajos, pocos postores, bandas sin utilizar, concentración de frecuencias, y suprimir la posibilidad de una mejor asignación futura del espectro, el cual, contra lo que podrían pensarse, sí es un bien escaso y de alto valor estratégico para el desarrollo económico.