Vía El Economista por Gerardo Flores Ramirez
A menudo se sostiene que las propuestas en materia de política de ingresos y tributaria, junto con el presupuesto de egresos que un gobierno presenta al Poder Legislativo de cualquier país refleja con claridad las prioridades de ese gobierno o administración. En los hechos, no solo refleja las prioridades, sino que se trata de un instrumento que permite revisar la consistencia en la política económica o social de un gobierno, entre lo que promete u ofrece, contra lo que realmente está dispuesto a realizar.
En el caso de nuestro país, sabemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de integrar cada año el Paquete Económico, que contiene todo lo relacionado con los ingresos que obtendrá el gobierno, tanto tributarios como no tributarios, la forma en que asignará ese dinero a los distintos programas y proyectos, así como para la atención de las diversas obligaciones del sector público, como es el caso del pago de pensiones o el servicio de la deuda del gobierno y de empresas del sector público, y desde luego, la forma en que se financiará la porción de los gastos que los ingresos no sean suficientes para financiar el ejercicio del presupuesto.
Un rubro que parece menor para el tamaño de los ingresos que planea obtener el gobierno es el relativo al uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Desde el 2003, la SHCP ha establecido, en la propuesta que remite al Congreso, que los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que usan dicho bien del dominio público para brindar servicios de telecomunicaciones, primordialmente servicios móviles, deben pagar una cuota anual por cada megahercio que tienen concesionado. Lo que SHCP ha propuesto al Congreso en ese rubro normalmente ha sido aprobado sin modificaciones relevantes, salvo algunas excepciones. Durante cerca de 12 años, no hubo mayor debate sobre si las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico estaban a un nivel razonable, en cuanto a los montos, o si la estructura de las cuotas para diferentes bandas del espectro guardaba una lógica razonable en función de los costos que representa explotar dichas bandas y los beneficios que los operadores de telecomunicaciones móviles pueden extraer de la explotación de esas mismas bandas.
Sin embargo, a partir de que la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013 y 2014 generó el marco necesario para que se pudiera pensar en que el mercado mexicano de telecomunicaciones se podía desarrollar bajo condiciones de competencia efectiva, se empezó a generar en nuestro país un debate, quizá de bajo perfil al inicio, sobre la razonabilidad de las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico.
En los tres o cuatro últimos años, gracias al papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se empezó a discutir públicamente sobre la necesidad de revisar las cuotas de derechos que SHCP propone todos los años al Congreso porque, la evidencia empírica lo muestra, están muy por encima de los montos que por las mismas bandas se cobra en otros países, incluso más desarrollados que el nuestro, y porque además, el nivel en el que se encuentran, combinado con la estructura del mercado, hacen imposible pensar en que se pueda lograr un mercado en competencia en nuestro país. Entre otras razones, porque el nivel y la estructura actual de las cuotas de derechos por el uso del espectro favorecen notoriamente al operador con la mayor cuota de mercado y con los mayores ingresos.
El IFT le ha venido demostrando a SHCP la necesidad de que se revisen a la baja las cuotas de derechos por el uso del espectro, entre otras razones, porque favorecen un mejor desarrollo del sector telecomunicaciones, y particularmente porque se contribuye al objetivo de lograr mejorar la conectividad de los mexicanos. Para el Paquete Económico 2024, salvo la propuesta de no actualizar por inflación el monto de las cuotas, SHCP simplemente hizo caso omiso de la propuesta del IFT.
Lo anterior, significa que para la administración del presidente López Obrador la promesa de mejorar la conectividad de los mexicanos es simplemente una promesa vacía.
