Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 1 de marzo de 2016.
Dentro de seis días, se cumple el periodo de dos años que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se autoasignó para revisar el impacto de las medidas que le impuso a los agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Anteriormente, ya me había referido a esta revisión, que en teoría el IFT iniciará en una semana.
Hoy, me refiero nuevamente al tema, entre otras razones, por la cercanía del cumplimiento de los dos años que mencioné antes, pero el tema también viene a colación a propósito de un anuncio que el jueves de la semana pasada hizo el órgano regulador de las telecomunicaciones en el Reino Unido, Ofcom, que dio a conocer que había concluido una revisión del sector de las comunicaciones digitales en ese país, proceso que por cierto inició hace casi un año, el 12 de marzo del 2015.
Una de las principales conclusiones a las que arribó Ofcom en el documento que dio a conocer como resultado de la revisión efectuada, es que la obligación de separación funcional impuesta en el 2005 al operador dominante en aquel país, British Telecom (BT), simplemente ha fracasado. Para quienes no estén familiarizados con el caso británico, les comento que esta obligación de separación funcional se refiere al enfoque regulatorio elegido para evitar que BT discriminara entre los servicios que prestaba a su propia red y los servicios que otros operadores requerían de la red de BT. Este enfoque consistió en obligar a BT a separar funcionalmente su red de acceso local, a través de una línea de negocio denominada Openreach.
En el documento referido, titulado “Making communications work for everyone” (“Haciendo que las telecomunicaciones trabajen para todos”), Ofcom reconoce expresamente en el párrafo 1.39 que le preocupa que el actual modelo de separación funcional ha fracasado lo suficiente para remover los incentivos y la capacidad (de BT) para discriminar en contra de sus competidores. Así que es bueno saber que un órgano regulador reconocido por ser un referente de regulador efectivo, que impone medidas regulatorias consistentes, creíbles y normalmente consideradas como mejores prácticas internacionales, no tiene empacho en reconocer que una medida que impuso para corregir un problema del mercado, no sirvió, o su impacto no fue el esperado.
En este contexto y trasladándonos al caso de México, es lógico pensar que resultaría prematuro que en el próximo mes de noviembre -fecha en que el IFT concluirá su revisión-, se concluya que las medidas impuestas hace un par de años al operador dominante han tenido un impacto tal que permita afirmar que en nuestro país ya existe competencia efectiva y que las medidas impuestas hace dos años pudieran relajarse.
Por otra parte, cabe destacar que el documento de Ofcom, en los párrafos 4.26 y 4.28, también habla de que a pesar de que desde el 2010 hay una oferta de referencia para el acceso a la infraestructura pasiva de Openreach, con precios —eso sí-, dicho instrumento no ha funcionado. Por lo que anuncia que realizará acciones en distintos frentes, con la finalidad de asegurar que dicha oferta de referencia pueda ser utilizada por los competidores.
En el caso de México, el problema podría ser más complejo, pues hay que recordar que acá el IFT aprobó una oferta de referencia similar, pero sin precios. Se trata de algo que también deberá analizar el IFT a profundidad. Mención aparte merece la oferta de desagregación efectiva de la red local del preponderante, que ni siquiera puede ser aún analizada en cuanto a su efectividad, en virtud de que ésta se encuentra disponible apenas desde el presente año. Allá les llevó 10 años detectar que Openreach no ha servido a la competencia. Vale la pena que el IFT analice lo que Ofcom está haciendo.
