Apenas hace dos días, la Comisión Europea anunció una decisión que marcará un rasero para muchas decisiones que otros órganos reguladores adopten en materia de competencia en el sector de las telecomunicaciones. Se trata de la noticia más relevante a nivel mundial en el sector y que arroja mucha luz, más de la que muchos quisieran, sobre la preocupante realidad por la que atraviesa la competencia efectiva en México.
La noticia es que la Comisión Europea resolvió prohibir la venta que pretendía hacer Telefónica de su filial en Reino Unido, O2, a la empresa china de telecomunicaciones Hutchinson. Ambas empresas operan hoy en el mercado de servicios móviles o celulares británico.
El monto de la operación era de 13 mil millones de euros. La autoridad regulatoria inglesa de las telecomunicaciones, Ofcom, ya anunció su respaldo pleno a la decisión de la Comisión Europea.
La prohibición de la concentración se dio por una sencilla razón: porque perjudicaría al consumidor británico de servicios móviles de telecomunicaciones.
De haberse aprobado la operación, la empresa resultante hubiera tenido una cuota de mercado en servicios móviles del 40 por ciento, por arriba de sus otros dos competidores, BT-EE y Vodafone (¿apenas del 40 por ciento?, se preguntarían muchos en México).
Afirmó que “se habrían reducido las posibilidades de elección y la calidad del servicio para los consumidores británicos, y los precios de las comunicaciones móviles minoristas habrían sido más elevados”.
Expresamente, dijo la Comisión Europea que les “preocupaba mucho que los consumidores tuvieran menos posibilidades de elección para encontrar un paquete de telefonía móvil que se ajustara a sus necesidades y pagarán más. También habría obstaculizado la innovación y el desarrollo de la infraestructura de red en el Reino Unido” (principalmente de tecnología de nueva generación o 5G).
Desesperados por lograr la aprobación, los negociadores hispanos y chinos ofrecieron ceder el 30 por ciento de la capacidad de la nueva red a operadores móviles virtuales; desincorporar activos en una compañía minorista; congelar precios durante 5 años, e invertir 5 mil millones de libras para mejorar la red. Nada sirvió, la autoridad europea prefirió anteponer el interés de los usuarios.
El caso que acabamos de describir es de por sí muy relevante, pero lo es mucho más si lo comparamos con la realidad del mercado mexicano, en la que encontramos un solo operador:
1. Que de manera directa detenta el 70 por ciento de los ingresos de servicios móviles;
2. Que detenta el 71 por ciento de los ingresos de servicios fijos;
3. Que de manera directa o indirecta presta servicios de televisión a alrededor de 6 millones de hogares (a través de UNO TV, Dish y Claro Video), a pesar de que su título de concesión expresamente se lo prohíbe;
4. Que pretende se le disminuyan o atenúen sus obligaciones como preponderante;
5. Que presiona sin cesar para que se le autorice entrar de manera abierta en el mercado de la televisión de paga.
6. Que continuamente es acusado por sus competidores de no seguir sanas prácticas de competencia.
¿Qué haría la Comisión Europea con un caso así? Una vez superada la incredulidad, probablemente consideraría, entre otras, regulaciones estrictas sobre el uso y disponibilidad de activos a terceros, desincorporación de empresas y activos, prohibiciones adicionales de participación en mercados, obligaciones anuales de inversión, medidas de supervisión y vigilancia cotidianas, regulaciones tarifarias completas…
Como nuestro regulador no es la Comisión Europea ni Ofcom, lo importante para el consumidor mexicano es ¿qué piensa del caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones?