La primera semana de marzo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una votación dividida (siete a cuatro), resolvió que el “modo honesto de vivir” no puede adicionarse como un requisito para aspirar a un cargo de elección popular.
El tema pasó desapercibido, pero tiene un gran significado rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.
Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había establecido que violentar constantemente las normas electorales —algo que vienen haciendo las corcholatas de Morena— sería sancionado como falta al “modo honesto de vivir” y, con ello, ningún político infractor constante de leyes electorales podría aspirar a un cargo público, algo que preocupó enormemente a Morena y sus precandidatos.
Tan les preocupó, que en la reciente reforma electoral que impulsaron el Presidente y su partido —el llamado plan B electoral— se estableció que las autoridades electorales no le podrían quitar su registro a ningún candidato. Si bien parecía que la medida era una reacción o vacuna contra lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF hicieron en 2021, al quitarles las candidaturas a los aspirantes morenistas a las gubernaturas de Guerrero (Félix Salgado) y Michoacán (Raúl Morón) por violaciones electorales, la realidad es que el plan B tiene como uno de sus objetivos centrales proteger a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López y a Claudia Sheinbaum, quienes, por actos anticipados de campaña, acumulan ya varias infracciones. Sobre todo esta última, quien tiene más de 14 sanciones, con lo que cabe la posibilidad de que las aspiraciones presidenciales de todos ellos estén en riesgo, máxime si siguen haciendo actos de campaña de manera anticipada.
Sin embargo, la SCJN vino a salvar a los tres aspirantes morenistas, al declarar que el criterio que estableció el TEPJF era inconstitucional, una votación en la que, por cierto, quedó en minoría la actual presidenta de la Corte, Norma Piña.
Hay que señalar que el TEPJF tuvo que adoptar un criterio tan polémico —el del “modo honesto de vivir”— como la última y única opción para poner orden en la destrampada y adelantada campaña presidencial de Morena. Con el criterio de la resolución 228/2022 de la SCJN, el futuro de las corcholatas no corre ya riesgos legales. Incluso, ya no necesitan del plan B electoral que les confeccionó el Presidente. Les salvó la Corte. Pueden seguir haciendo campaña por todo el país sin riesgo legal de perder sus candidaturas.
Pero ahora surgen dos dudas de gran relevancia: a) ¿Cómo van a arbitrar el INE y el TEPJF la sucesión presidencial de 2024 si les están quitando los contados instrumentos que tienen para ello?, y b) ¿Queremos que las autoridades electorales sigan regulando y arbitrando todo o ya es momento de cambiar las leyes electorales y dar mayor libertad a candidatos, partidos políticos y ciudadanos en los procesos electorales?
Se requieren normas que hagan crecer las libertades y que en lo electoral no esté todo sobrerregulado. Sólo asegurarse de que no se usen recursos públicos en actos proselitistas.
Pero los cambios, para ser legítimos, requieren del consenso de la mayoría de los actores políticos, no sólo de Morena y sus afines.
En estos temas puede que haya consenso; sin embargo, me parece que ya no habrá reformas electorales sino hasta 2025. Por lo pronto, la SCJN quitó la única herramienta que tenía el TEPJF para poner “orden” en una sucesión presidencial anticipada, salvando así a las corcholatas de Morena y, en particular, a la puntera, a la jefa de Gobierno, quien más sanciones acumulaba.
Cambiando de tema: lamentable que, luego del evento presidencial en el Zócalo, se haya quemado una efigie de la ministra presidenta Norma Piña.
En 2006, el mismo Zócalo, también con simpatizantes de AMLO, estaba lleno de efigies/piñatas de periodistas. A todas las quemaban. Luego vinieron las agresiones reales. Ahí está el caso de lo que le aconteció a Carlos Marín. No es buena idea azuzar a las agresiones en un país con tanta violencia.
