En las últimas semanas del año se ha configurado un escenario muy preocupante por lo que hace al futuro del sector telecomunicaciones en nuestro país y la efectividad de la reforma constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Mientras todo mundo anda distraído hablando del apagón analógico y los beneficios para la población de lo que representa el nuevo entorno digital en materia de televisión radiodifundida, muy pocos han reparado en los signos que salen de las oficinas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que permiten pensar que en el 2016 podríamos ser testigos de una especie de año del fortalecimiento del preponderante. Se trata de un escenario que sin duda alguna no estaba en el horizonte de quienes participaron en las discusiones de la reforma.
En primer lugar, están los indicios que apuntan a que en el IFT se trabaja en la autorización a América Móvil para que en el primer semestre se elimine de su título de concesión la prohibición que hoy en día le impide prestar servicios de video. Para lograr ello, se requiere que el órgano regulador considere que el agente preponderante ha estado en cumplimiento efectivo de sus obligaciones durante 18 meses. Ello se antoja difício, en virtud de la notificación que el propio IFT le hizo a Telmex en agosto de este año, por la cual le comunicó que había iniciado un procedimiento para determinar si como resultado de la concentración no notificada entre Telmex y Dish, la primera se había beneficiado, en su calidad de preponderante, de la disposición transitoria de la Constitución que prevé un régimen de obligaciones must carry/must offer gratuito.
Sin haber resuelto dicho procedimiento, sería absolutamente falto de seriedad que el IFT considere la mera posibilidad de afirmar que el preponderante está en cumplimiento de lo que prevé el primer párrafo del artículo décimo transitorio de la (LFTR), y cualquier decisión que se derive de ello que a su vez permita al IFT autorizar a Telmex el servicio de video, sin duda pone en riesgo los objetivos de competencia efectiva que se buscaron con la reforma constitucional.
Por otro lado, está la licitación de frecuencias en la banda de 1,700 MHz, conocida como la licitación AWS. La decisión de Telefónica de intercambiar frecuencias de esta banda con AT&T y su posterior anuncio de no participar en la licitación en comento obligan a que el IFT revise la estructura de las bases de esta licitación, pues todo apunta a que la mesa está servida para que Telcel se quede con gran parte de las frecuencias en disputa, sin una limitación real. De no hacerlo, nos encontraremos ante un escenario en el que lejos de ver a los competidores del preponderante fortalecerse, en este caso en términos de tenencia de espectro, veremos lo opuesto: el preponderante obteniendo relativamente más espectro que sus competidores, un hecho que en sí mismo lo fortalece.
Finalmente, está la cuestión de las cerca de ocho ofertas de referencia que tienen que ver con acceso a infraestructura y servicios que presta el preponderante, que si bien han pasado ya por el tamiz del órgano regulador, aún está por verse si realmente servirán para promover un escenario de competencia efectiva en nuestro país o si simplemente fueron una pérdida de tiempo para el órgano regulador, para los competidores del preponderante y, peor aún, para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en nuestro país, porque no todo es cacarear que se eliminó el cobro de la larga distancia. En el mediano y largo plazo hay muchas más oportunidades para mejorar el bienestar de los consumidores, pero depende de la lupa con la que el regulador revisa las condiciones de competencia efectiva.