Es curioso, pero de las prebases a la bases de nuestra red compartida mayorista, que habría de llevar banda ancha móvil a los desconectados de siempre —aquellos que viven en zonas rurales—, redujo su cobertura social y ahora los operadores privados, esos que viven sin subsidio, son más rurales que la red compartida. Ésta iniciará operaciones con 30% de cobertura, mientras Telcel tiene 92%; Telefónica, 87%, y AT&T, 50 por ciento.
Por supuesto que hay promesas… y contradicciones. Para el 2023 debe estar conectado 85% de la población y ninguno de los actuales operadores, es decir Telcel, Telefónica y AT&T, puede tener poder de decisión sobre la red compartida. ¡Qué bien suenan los planes sobre las rodillas de los partidos políticos! ¿De verdad nunca se les ocurrió que la existencia misma de la red compartida depende en su integridad de la voluntad de Telcel, Telefónica y AT&T? Si los operadores móviles virtuales no tienen ni 1% del tráfico total, ¿qué tráfico creen que sería el que puede darle viabilidad económica a la red compartida mayorista?
Se los explico con manzanitas: si Telcel, Telefónica y AT&T no le compran minutos a la red compartida, ésta nace muerta. Así de simple. Y no hay nada en la ley ni en la regulación que los pueda obligar a comprar minutos, salvo que el precio sea tan atractivo que se vuelva absurdo dejar pasar un regalo así. Para que el precio por minuto al mayoreo sea bajo partiendo de una red que nace de cero, debe haber incentivos gubernamentales que no son otorgados a los operadores comerciales actuales. El primero ya lo conocemos, el espectro en la banda de 700 MHz se le regalará al ganador de la licitación, pero no basta.
Para atraer a Telcel, Telefónica y AT&T, el precio debe ser verdaderamente bajo. Supongo que para ello el consorcio ganador debe conseguir créditos para la importación de equipos a tasas muy bajas, quizá garantizados por Bancomext en algún nivel de la cadena de prestamistas. ¿Qué otros regalos con cargo al erario vendrán escondidos en las bases de licitación, que además de permitir un precio bajo garanticen una rentabilidad para los inversionistas?
Con esta dependencia de la red compartida en las estrategias individuales de los tres grandes del mercado, no me extraña que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya contratado a Bank of America Merrill Lynch para tratar de encontrarle la cuadratura al círculo y venderle el proyecto a algún valiente inversionista. Dicen que son cientos de interesados. Ante el riesgo y el hecho de que los verdaderos reyes del proyecto, Telcel, Telefónica y AT&T, no han dicho nada, dudo que sean más de 10. Y de ellos, les recuerdo que China Telecom está impedida por ley, aunque ya hay funcionarios que le quieren aplicar el control de la convencionalidad en materia de derechos humanos a un país. Ya sabe cómo son creativos cuando se trata de pesos y centavos, o yuanes, o dólares.
En otro orden de ideas, va un reconocimiento para el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la herramienta que puso a disposición del público, para denunciar estaciones de radio que operen sin concesión. Desde hace varios años, diversas estaciones clandestinas que responden a los más variados intereses han venido violando la ley y haciendo uso del espectro radioeléctrico atribuido a la radiodifusión de manera ilegal. Algunas operan con propósitos comerciales disfrazándose de sociales o comunitarias, otras son simples medios de coordinación logística de la delincuencia organizada. A raíz de la reforma en telecomunicaciones del 2013, las radios comunitarias e indígenas legítimas tienen un reconocimiento legal pleno, por lo que no hay pretexto alguno para no legalizar su situación y salir de la clandestinidad.
