En el plano profesional, nada es tan valioso como la especialización. Al respecto, el gobierno ha venido brindando un esfuerzo y resultados precisamente en eso, en ser gobierno, para proveer el marco legal y regulatorio para la operación del sector de las telecomunicaciones. En contraste, su voluntad por emular un plan de negocios y estrategia, como si fuera un operador, dista de alcanzar los hechos estilizados de la sociedad y el mercado nacionales.
A comienzos de esta semana, se dio a conocer que el proyecto de la red compartida —instrumento de política sectorial para promover mayor accesibilidad entre la población— añadirá 40 millones de usuarios móviles en redes de cuarta generación (4G). Ello a través de aumentar la cobertura en zonas remotas, en condiciones de calidad y precios competitivos.
Sin embargo, la aritmética de telecomunicaciones no cuadra y cabe preguntar, ¿qué implicaría sumar 40 millones de usuarios móviles, cuando la penetración móvil alcanza ya a 90% de la población?
Hoy día, para alcanzar una teledensidad móvil de 100%, hace falta conectar a 12 millones de mexicanos, no a 40.
O bien, ¿en cuántos años se pretende alcanzar ese ideal de cobertura y adopción? Se estima que sea hacia el 2023 cuando se cuente con una cobertura de al menos 85% de la población. Para ese año, el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta una base poblacional de poco más de 130 millones de mexicanos que, para entonces, seguramente habrán contratado servicios con algún operador comercial.
Ello induce a suponer que las proyecciones burocráticas, derivadas del decreto constitucional de la reforma en telecomunicaciones, quizás presumen un desplazamiento significativo de usuarios móviles de las redes comerciales a la red compartida. Se trataría de alcanzar una captación o portabilidad de líneas en una dimensión que actualmente AT&T, Movistar y los operadores móviles virtuales (OMV) no alcanzan en su conjunto, frente a aquella que registra el operador preponderante, Telcel.
¿O es que acaso será tal su éxito que en tan sólo cinco años, desde el comienzo de su despliegue, en el 2018, logrará una captación neta de usuarios considerablemente superior a la que lograron los operadores móviles Iusacell, Telcel y Movistar cuando iniciaron operaciones?
A más de un cuarto de siglo del lanzamiento de las telecomunicaciones móviles en nuestro país, es impensable conjeturar una creación de mercado de la magnitud que supone la autoridad encargada de garantizar la puesta en marcha del proyecto de la red compartida.
En las condiciones en las que opera actualmente el mercado ya se alcanza, en promedio, una cobertura poblacional de más de 90%, con tarifas a la baja y en niveles que ganan competitividad. A su vez, se hacen notar esfuerzos crecientes para el mejoramiento, desarrollo y despliegue de infraestructura para redes 4G en todo el territorio nacional para que al 2018 se cuente con una cobertura de al menos 80% de la población (AT&T ya trabaja en ello).
Por todo ello resulta ilusorio pensar que, en tan sólo cinco años, esta nueva red alcance el atractivo y las condiciones que ya ofrecen u ofrecerán muy próximamente los operadores actuales.
De nueva cuenta, se pone en evidencia que aunque el proyecto constituye una buena intención de política pública, deja lugar a cuestionamientos sobre su viabilidad y eficiencia económica, sobre todo a la luz de sus expectativas de crecimiento de usuarios móviles. Conviene que, desde el gobierno, los desarrolladores de la red compartida se asomen a analizar las condiciones actuales del mercado para no enfocar sus esfuerzos en vano, o bien que dejen esa labor especializada al mercado.