Federico González Luna Bueno | El Financiero | 4 de febrero de 2016.
Finalmente, el viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria al concurso internacional para participar en la adjudicación de un proyecto de asociación público-privada, para la instalación y operación de la Red Pública Compartida de telecomunicaciones (digo finalmente, porque la Constitución refiere que debió iniciar su instalaciónfísica antes del fin del año 2014).
Durante el transcurso del fin de semana se hicieron públicas las Bases de la Licitación de dicho proyecto. La garantía de seriedad que deben ofrecer los interesados será de mil millones de pesos, monto ínfimo si se considera que las inversiones en infraestructura estimadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) superan los 150 mil millones de pesos.
Durante el evento en que la SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones hicieron el anuncio de la publicación de las Bases, hubo dos “trascendidos” que llaman la atención.
Primero, que existen 100 interesados en la licitación a nivel nacional e internacional, cuando en julio de 2015, en una etapa de consulta previa, se anunciaba que había 39 manifestaciones de interés por la llamada Red Compartida, ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el cambio que despertó el apetito en invertir entre 7.5 y 10 mil millones de dólares en un proyecto de alto riesgo que no tiene precedente a nivel mundial?
Segundo, el comentario del asesor financiero del proyecto de la SCT acerca de la rentabilidad del proyecto en el sentido de que “Realmente no hay ninguna garantía, cada grupo, cada operador o consorcio tendrá que establecer su evaluación, modelo, con base en su modelo de negocio, estamos viendo que hay distintas maneras en las que se podría hacer esta Red”.
El cambio más significativo entre las Prebases dadas a conocer a fines de septiembre de 2015 y las Bases de enero de 2016, está en la prohibición expresa de que el espectro radioeléctrico de la Red Mayorista (90 MHz de la Banda 700) pueda ser subarrendado. Se trata de un cambio loable en cuanto a transparencia y legalidad; paradójicamente, tal figura probablemente era la única que realmente permitía cierta flexibilidad al riguroso modelo de negocios establecido en la Constitución -y quizá un mayor interés de los operadores por acercarse al proyecto.
La dilación en arrancar, las dificultades en hacer convincente el proyecto a los inversionistas nacionales y extranjeros, un entorno macroeconómico complicado con alzas en el dólar –que es la divisa en la que se hacen las proyecciones- junto con la severa caída de los ingresos petroleros estatales, más la próxima reconfiguración de la titularidad del espectro radioeléctrico para servicios móviles tras las subastas anunciadas para la bandas AWS y 2.5, son algunos de los factores que hacen aparecer nubes grises en el horizonte de la Red Compartida; dudas que preocupan.
En contraste, la Unión Europea acaba de anunciar su plan para los próximos años para el uso del espectro de un segmento importante de la banda de UHF (en el que se incluye la de 700 MHz, en la que se desarrollará la Red Compartida), y nada hace pensar en la existencia de modelos similares al mexicano; por el contrario, la idea es impulsar el uso de la banda mediante su otorgamiento amplio y libre a los particulares, como sucede con otras bandas del espectro radioeléctrico.
No cabe duda que los mexicanos estamos jugando una apuesta muy elevada.
