Todas las consultas públicas que ha llevado al cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hasta la fecha tienen características comunes: (i) emiten un proyecto de norma o documento que someten a consulta pública a través de medios electrónicos; (ii) reciben comentarios y sugerencias de cualquier interesado, y (iii) a discreción, sin que haya dialogo, análisis, retroalimentación o contestación alguna a los comentarios y sugerencias manifestados en la consulta pública, expiden la norma definitiva obligatoria para los agentes regulados.
Esta mala costumbre, que simula transparencia y apertura, va en contra de las mejores prácticas internacionales de todos los órganos reguladores del mundo a los que supuestamente el IFT aspira a emular. La FCC de Estados Unidos, la Ofcom del Reino Unido y sus pares de Canadá y el resto de Europa siempre analizan y valoran cada uno de los comentarios y sugerencias vertidos en la consulta, sobre todo si se trata de las empresas competidoras en el mercado que regulan y antes de emitir su resolución definitiva explican los motivos por los cuales tal o cual comentario o propuesta fue aceptada o desechada. En México, como pequeños reyezuelos, el IFT simplemente ignora.
El día de hoy están en análisis los modelos de costos que servirán de base para fijar los precios que Telmex y Telcel cobrarán por la desagregación de su red local y la compartición de su infraestructura pasiva, y ya todas las empresas competidoras han realizado sus comentarios y sugerencias a las propuestas del IFT. Son tan claras y contundentes que, en esta ocasión, el IFT no puede simplemente ignorarlas y hacer como si nunca se hubieran dicho.
Ya la semana pasada expliqué los motivos por los que, a mi juicio, el IFT pretende matar la asimetría que la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impusieron al agente económico preponderante en telecomunicaciones (Telmex y Telcel), y el mecanismo que pretende utilizar.
En un claro afán por beneficiar a Telmex-Telcel, cuando ellos son los que tienen que pagar a sus competidores, el IFT utiliza un modelo de costos marginales y una WACC de 7% (WACC es el valor del dinero en función del riesgo); por el contrario, cuando Telmex-Telcel son los que cobran de sus competidores, el IFT utiliza un modelo de costos totales y una WACC de 14 por ciento.
¿Qué lógica puede haber detrás de utilizar un modelo de costos distinto para aquél que tiene 70% del mercado, que lleva a concluir que sus costos son más altos que los de sus competidores más pequeños? Simplemente, por economías de escala, debería de ser al revés.
¿Qué lógica puede justificar que el operador que tiene 70% del mercado tiene más riesgo para pagar sus créditos y por tanto, su WACC debe ser del doble que la de sus muy lejanos competidores?
Señores comisionados, aquí no cabe esconder la cabeza y hacer como que la Virgen les habla. Aquí se requiere transparencia conforme a las mejores prácticas internaciones, diálogo en vivo y transmitido en línea, respuestas claras a cada pregunta y explicaciones acordes con la lógica y el sentido común. Los primeros beneficiados de la más absoluta transparencia son ustedes mismos.
En el mismo tema, además del problema de los precios que deben cobrar Telmex-Telcel por la desagregación de la red local y la compartición de la infraestructura pasiva, debemos estar muy pendientes de que se incluya la fibra óptica (Telmex sólo quiere compartir el par de cobre) y de que Telesites se mantenga obligado como parte del agente económico preponderante en telecomunicaciones.
