Vía El Economista
En días recientes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumplió diez años de haber sido creado como órgano constitucional autónomo, y lo ha festejado en grande. Sus comunicados y las declaraciones de sus comisionados reflejan un desbordante optimismo y aparentan la satisfacción del deber cumplido. ¿Hay algo que festejar o estamos en presencia de los “otros datos”, tan socorridos por nuestra burocracia cuando quiere pintarnos un mundo color de rosa?
El IFT nació con la Reforma en Telecomunicaciones y Competencia Económica de 2013, como respuesta a la debilidad institucional de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), quién después de diecisiete años había sido incapaz de crear un entorno de competencia efectiva. La Cofetel hizo muchos intentos por controlar al grupo que nació con la privatización de la paraestatal Telmex y sus filiales y subsidiarias, entre ellas Telcel y Telnor, que arrancó con un monopolio privado de seis años, garantizado en su título de concesión. El mismo grupo, controlado por la familia Slim, pasó de casi el 100% del sector al 70% en 2013: una concentración incompatible con un mercado eficiente. La ineficacia de la Cofetel se debió, principalmente, a su andamiaje legal y a la facilidad con la que Telmex y su grupo obtenían suspensiones en juicios de amparo que duraban años. Así, se creó al IFT con atribuciones constitucionales que le dan una fortaleza equiparable a la del Banco de México, y, además, sus resoluciones no pueden ser suspendidas mientras duren los juicios de amparo. Así, desde un punto de vista estrictamente jurídico podemos festejar los diez años del IFT y su fortaleza institucional.
Sin embargo, la realidad del mercado nos refleja otra cosa. Hasta 2013, la Cofetel tenía mucha voluntad, pero pocos dientes; y desde entonces, el IFT ha tenido muchos dientes, pero poca voluntad. El IFT ha hecho una campaña de propaganda sustentada en la disminución de precios en el sector telecomunicaciones. Esta reducción de precios de 2013 a la fecha es real y ha sido grande, trayendo consigo mejores servicios a mejores precios para los usuarios. Esto nadie lo puede negar. Pero ¿es consecuencia de las acciones del IFT? En mi opinión, no.
El IFT declaró como Agente Económico Preponderante en el sector Telecomunicaciones al grupo de la familia Slim (AEPT), pero sus medidas no tuvieron impacto alguno. Meses después, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció medidas que sí tuvieron efectos inmediatos en la reducción de precios: se eliminó la larga distancia y cualquier llamada dentro del país se convirtió en llamada local; los competidores pueden interconectarse en cualquier lugar de México; se prohibió el “efecto club” y la discriminación de precios en función de la red de destino, entre otras. El IFT no tuvo nada que ver con estas medidas ni en sus efectos. De igual manera, los minutos de llamadas telefónicas se volvieron obsoletos por el avance tecnológico, que nos permite hablar por teléfono a través de aplicaciones, con video incluido, con costo cero en algunos planes tarifarios. Ahora lo que predomina son los paquetes de datos y las llamadas telefónicas son un commodity que cada vez importa menos. Todo esto es lo que ha causado la reducción de precios de la que tanto se vanagloria el IFT. Ahora, veamos, ¿qué es lo que ha hecho o dejado de hacer el IFT?
En primer lugar, el IFT ha impuesto al AEPT una regulación asimétrica que, en el pizarrón, cumple con las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, la compartición de infraestructura y la provisión de servicios mayoristas, a los que está obligado el AEPT, prácticamente no son usados por los concesionarios competidores, y esto se debe a dos motivos claramente identificados: los precios están muy por arriba del costo, llegando incluso, en algunos casos, a ser superiores a los precios a usuarios finales; y el IFT ha claudicado, por completo, a su obligación de verificar el cumplimiento de sus propias disposiciones por parte del AEPT. Así, éste ha encontrado fácil la imposición de barreras y pretextos “técnicos” para no compartir su infraestructura ni prestar servicios mayoristas en condiciones competitivas. En pocas palabras, el IFT ha renunciado a cumplir la encomienda que la Constitución le impuso, y me atrevo a decir esto porque la concentración de mercado en el AEPT ha vuelto a los niveles de 2013, cuando nació el todo poderoso (pero timorato) IFT.
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Hay evidencia clara del favoritismo con el que actúa la Unidad de Cumplimiento del IFT, encabezada por Fernanda Arciniega, quien no pretende ni simular su clara predisposición en favor del grupo Slim, pero de esto le platicaré más adelante.