Gerardo Soria | El Economista | 22 Marzo 2016
En su magnífica obra Biografía del poder, Enrique Krauze cuenta que cuando alguien andaba muy inquieto, alborotándole el gallinero, Porfirio Díaz se limitaba a decir: “ese gallo quiere maíz”, y le aventaba algunos granos bajo la forma de cargos públicos, publicidad, curules, contratos o embajadas. Así, el gallito podía seguir cacareando, pero la tonada que le dictaba el general Díaz o alguno de sus cientos de achichincles.
Más de 100 años después, los gallitos siguen ahí, cacareando al mejor postor, aunque ahora bajo la figura posmoderna y (aún) políticamente correcta de las ONG. Las ONG se supone que son buenas, porque no son parte del gobierno, pero eso no significa nada. Tampoco los cárteles de la droga o el Chapo Guzmán son parte del gobierno. Ellos también son ONG, aunque no sean cool. Para ser una ONG cool hay que buscar una causa abstracta, que signifique todo y al mismo tiempo no signifique nada, de tal manera que se pueda vender a uno o a más patrocinadores, pero por ser su causa de imposible cumplimiento, que nadie pueda venir a molestarlos con la rendición de cuentas y esas tonterías.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) es una de esas ONG cool, que cambian de causa en función del patrocinador en turno. La primera vez que oí hablar de ellos, eran el brazo de la sociedad civil que apoyaba ciegamente las causas que enarbolaba el prohombre de las plurinominales, el senador, diputado, candidato a gobernador, presidente de la Amedi, senador, candidato a gobernador, Javier Corral; después se dedicaron férreamente a defender a las estaciones de radio clandestinas, aquellas que sin concesión alguna operan violando la ley y cometiendo delitos (véanse desplegados del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicados en los últimos días en la prensa escrita), varias de ellas desde ayuntamientos perredistas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Durante las consultas que realizó el Senado previas a la votación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el entonces presidente de la Amedi, Agustín Ramírez, con lágrimas en los ojos e invistiendo a la Amedi con la representatividad de todos los ciudadanos de este país, acusó al Senado de despojar al pueblo de la iniciativa ciudadana; es decir, la que elaboró la propia Amedi, y que simplemente neutralizaba la reforma en beneficio del preponderante en telecomunicaciones: Telmex y Telcel.
Después de la lacrimosa y conmovedora oratoria de la Amedi, tuve que iniciar mi ponencia como presidente del Instituto del Derecho de la Telecomunicaciones (Idet), aclarando a los señores senadores que nosotros no representamos al pueblo ni a la sociedad civil -whatever that means-, que simplemente somos un pequeño grupo de profesionistas que llevamos varios años trabajando en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y que ninguno de nosotros es puro ni pretende serlo. Hemos adquirido nuestra experiencia trabajando para empresas del sector, no tomando té con galletitas con los ángeles.
A raíz de mi columna de la semana pasada, la Amedi me envió un desmentido que no entendí, porque nada desmiente. Simplemente dice abstracciones que significan todo y nada: “es una organización social que defiende la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a las TIC (…)”. “El compromiso de la Amedi es con el interés público y con los principios y valores de un sistema de comunicación democrático, que le permita a todos los mexicanos, sin discriminación de ningún tipo, el acceso irrestricto a la comunicación, a todos los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y el acceso a las TIC, incluida la banda ancha”. Pero, presidente Maduro, ¿y cómo se va a pagar eso, compañero? Evidentemente, no hay manera, pero de lo que se trata es de cacarear.
Pero volvamos al ingeniero Slim, perdón, a don Porfirio, aventando su maíz… Ponga atención, estimado lector, en todos los comunicados, mensajes, tuits, declaraciones de prensa, artículos, foros, etcétera, en que la Amedi o sus allegados, abogan porque se le autorice a Telmex prestar el servicio de televisión restringida. Claro, en beneficio de la patria, ¡faltaba más!