Javier Orozco Gómez | Milenio | 24 Agosto 2015
El proceso electoral federal 2014-2015 finalizó y el Tribunal Electoral ya declaró su validez, aunque está inmerso en el principio de la duda, derivado de la falta de pericia del Instituto Nacional Electoral (INE) en el ámbito de la fiscalización.
Con la reciente reforma electoral se dispuso que una causal de nulidad de las elecciones —por violaciones graves, dolosas y determinantes— consiste en que se excediera el gasto de campaña en 5 por ciento del monto total autorizado para tal efecto.
Así, con el plazo legal encima, el tribunal tuvo que resolver recursos legales sin la certeza de que existió o no un rebase en los topes de gasto de campaña en algunos casos, lo anterior, debido a que el INE no desplegó su facultad de forma adecuada, vía la Unidad Técnica de Fiscalización y Comisión de Fiscalización, para la debida integración y resolución de expedientes; lo anterior originó que el tribunal se viera restringido para verificar si se actualizaba o no alguna causal de nulidad de la elección relacionada con los rebases de topes de gastos de campaña.
En la discusión —que se dio en el tribunal— los magistrados señalaron que no era una excusa que los consejeros electorales manifestaran que el plazo que les otorgaron para resolver procedimientos pendientes fuera muy corto, pues hubo casos en los que la admisión de los procedimientos se dio un mes después de presentada la denuncia respectiva, aunado a que la presentación de los dictámenes fuera postergada por el propio INE.
De esa forma, los magistrados dejaron entrever la incapacidad del INE para fiscalizar todos los procesos electorales, por lo que sería recomendable delegar esa función en organismos locales en futuras ocasiones, o realizar una reestructura interna para que pueda cumplir con su tarea en
ese aspecto.
Por tanto, la sala superior del tribunal determinó declarar la validez de las elecciones dentro del plazo establecido para tal efecto, tomando en consideración los elementos con que contaban (aun cuando estuvieran incompletos), cumpliendo así con la obligación que tiene constitucional y legalmente encomendada.
Ante toda esa situación, es lamentable el error que el consejero Ciro Murayama tiene que asumir, al ser quien encabeza la fiscalización. Si ya hay desconfianza en la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos en las elecciones —porque considera que es dinero mal empleado—, con las omisiones del INE la sabiduría popular parece acertar.