Roberto García Requena | La Razón | 18 Marzo 2016
Hace una semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Opitel). Tiene la naturaleza jurídica de organismo descentralizado del gobierno federal.
Su objetivo es “realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público privada…”
Mucha duda ha generado el proyecto de la red compartida. Particularmente por el diseño en sí del modelo —sin precedentes— para la explotación de 90 megahercios de la banda de los 700 MHz. Además del altísimo costo —se estiman 10 mil millones de dólares— para su puesta en operación.
Pues los costos continúan incrementándose. Ahora el gobierno crea un descentralizado que actuará como concesionario de dicho espectro radioeléctrico. Además de la burocracia y los gastos que esto genera, preocupa el hecho de que el gobierno sea quien controle y opere las concesiones.
El Opitel estará integrado por un director general y siete consejeros. Tanto el director como los consejeros serán designaciones del Presidente de la República. Es decir, el Opitel será controlado en su totalidad por el ejecutivo federal. Suena a un estado intervencionista en tareas que corresponden más al sector privado.
También preocupa que, en sus funciones, el Opitel no se constriñe exclusivamente a la red compartida. Por definición podrá participar de más concesiones para prestar servicios por sí mismo o en asociaciones público privadas. ¿Para qué queremos al gobierno de concesionario? De verdad parece aberrante. Digno de una ocurrencia del presidente Maduro en Venezuela.
En épocas de austeridad, en las que se han anunciado recortes al gasto corriente de casi todas las dependencias de gobierno, no parece lógico que se dé vida a un organismo descentralizado. Un poco de coherencia sería conveniente. Así que ni desde la óptica de eficiencia presupuestal, pero mucho menos desde una visión de organización gubernamental, parece correcta la creación del Opitel.
– En otro tema. El Pleno del IFT resolvió en definitiva que no se acreditaron elementos para determinar la existencia de un agente económico con poder sustancial en el mercado de la televisión de paga. Particularmente se concluyó que Televisa no puede fijar precios de manera unilateral o restringir el abasto, sin que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
