Vía El Sol de México
Nuestro país transita en la actualidad por un periodo de definiciones y momentos políticos inéditos, de una serie de acontecimientos que han hecho cambiar las formas de tratar los asuntos públicos, y en esa tesitura el papel de la radio y televisión juega un papel importante, recordemos la organización del primer debate entre candidatos presidenciales en 1994 por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT); pese a que en las dos últimas reformas electorales se ha ido limitando la libertad de expresión (2007 y 2014).
La radiodifusión ha estado ahí y sigue informando y generando opinión sobre la vida pública, a fin de que sean las audiencias las que diserten y debatan entre las mismas, y decidan cuál es su posición.
Resulta que el Instituto Nacional Electoral emitió unos lineamientos para “fundamentar” el monitoreo de algunos programas de opinión durante el próximo proceso electoral 2024, para determinar si las opiniones que ahí se vierten son positivas, negativas o neutras; dicen que el objetivo es garantizar el derecho a la información de la ciudadanía y además refieren que hay que despreocuparse por la libertad de expresión, ya que es un ejercicio meramente informativo que no va a derivar en ninguna sanción.
De entrada, hay medias verdades y mentiras, es cierto que los lineamientos no son vinculantes, pero también al dar a conocer los monitoreos provocará -como ya ha ocurrido con noticieros- que surjan quejas que lleven a litigios. ¿En verdad creen que tienen la autoridad legal y moral para calificar las opiniones de los periodistas?
Se trata de un sistema de supervisión de opiniones, es un acto de estigmatización y censura, un modelo autoritario que considera enemigos a los comunicadores, de ahí la vigilancia y, a los ciudadanos los considera incapaces de tener opiniones propias, en suma, un antecedente grave en demerito de la libertad de expresión en México.
PUBLICIDAD
En un régimen constitucional de libertades, la expresión de opiniones de cualquier persona está protegida, no pueden censurarse o calificarse de modo alguno por ninguna autoridad, no tiene ningún sentido ni utilidad que se “monitoreen” las opiniones y mucho menos que se les otorgue una calificación, la legitimidad y valor de una opinión no depende de lo que considere la autoridad electoral o cualquier otra instancia.
Durante muchos años, la estabilidad política y la paz social de México -pese a lo sangriento que es hoy en día- han sido motivo de interés tanto en el interior como en el extranjero, en virtud de que a diferencia de lo que ha sucedido en otros países donde se ha recurrido a la violencia para cambiar la forma de gobierno, aquí se ha tratado de articular las manifestaciones políticas, entonces ¿por qué no proteger a los periodistas? Así, el Tribunal Electoral tendrá en sus manos la decisión: libertad o censura, ahora que resuelva las impugnaciones de la CIRT y Televisa.