Federico González Luna | El Financiero | 6 Agosto 2015
Hace unos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió una consulta pública para que se formulen observaciones al anteproyecto de “Lineamientos sobre derechos de las audiencias”. Se trata de uno de los documentos que, supongo de buena fe, causaría más daño a la libertad de expresión de la televisión y la radio mexicanas.
La libertad de expresión está en continuo peligro; en ocasiones por personas de mala a las que incomoda este derecho fundamental de la prensa, y en otras por personas que, celosas, asumen atribuciones paternalistas respecto del resto de la sociedad y consideran, así, que pueden asumirse en censores. Con buenas o malas intenciones, la libertad de expresión es de una fragilidad extrema; decía Dostoievski en El Gran Inquisidor: “el diablo no duerme”.
El anteproyecto contempla que un grupo de iluminados emitan cánones y recomendaciones en materia de contenidos, los cuales, de no atenderse, darían lugar a la suspensión de las transmisiones de radio o televisión.
Esta suspensión, como está redactado el documento, sería aplicable a futuras transmisiones de contenidos, es decir, sobre contenidos que aún no existen o que aún no se difunden. Absurdo.
Se trata de una violación flagrante del artículo 7º de la Constitución que establece que “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión”. Se olvida que el citado artículo 7º incluso señala que “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.
Salvo los límites del 6º constitucional, a nadie (incluyendo todo medio de comunicación) puede impedirse la difusión de una idea; si hay violaciones de la ley ello dará lugar a otro tipo de actuaciones de la autoridad, pero nunca previas a su difusión.
Tan bizarro propósito de los Lineamientos proviene de una lectura equivocada del marco legal. La reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 creó el llamado derecho de las audiencias, consistente en que se preste un servicio de radiodifusión que brinde contenidos plurales, donde el público pueda distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa así como diferenciar entre los contenidos informativos de la opinión personal de los conductores, la posibilidad de ejercer el derecho de réplica, el respeto a los derechos humanos y evitar la discriminación, obligando además a que los concesionarios tuviesen códigos de ética y defensores de las audiencias.
Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 15 (fracción LXI) la figura de la suspensión precautoria de las transmisiones mediante resolución del IFT. Dado que no existe otra alternativa para evitar la violación del artículo 7º constitucional, tal suspensión se refiere a las transmisiones ya realizadas en alguna ocasión, las cuales, en su caso, no podrán volver a transmitirse.
Corresponde al IFT llevar a cabo una adecuada función integradora de la legislación en el ámbito administrativo y, en ello, no puede quedarse en la pobreza de una legislación ciertamente confusa.
En ningún caso los derechos de las audiencias legitiman la censura previa.
Preocupa también una omisión grave del proyecto, al no establecer un plazo cierto para que la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT presente su dictamen al propio Comité de Comisionados para levantar la suspensión (cuando los Lineamientos hablan de una suspensión indefinida, lo hacen en serio).
El dato cándido del proyecto (que no por ello deja de ser preocupante) lo aporta la nueva figura de la “alfabetización mediática”, definida como las “acciones que tienen por objeto promover la capacidad de análisis, comprensión y evaluación que permitan a las audiencias ejercer sus derechos”. Alguien sensible podría considerar que estamos ante un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, a quienes se les juzga como incapaces de juzgar y estimar un contenido bajo su propia concepción personal, y por ello requieren, previamente, ser víctimas de una cruzada doctrinaria.
No cabe duda que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.
