Para el mes de septiembre de este año, si todo avanza conforme a la agenda de la SCT, se conocerá al consorcio ganador de la red compartida.
Este polémico proyecto que se gestó en el seno del Pacto por México, y que se incrustó con calzador en la Constitución Política, ha despertado muchas dudas en cuanto a su éxito o viabilidad. Desde cuestionamientos económicos respecto a poder articular un plan de negocio coherente, hasta temas de índole técnico, relativos a la calidad de la red y metas de cobertura.
Hay que decir que en ningún país de la OCDE —organización de la que México es parte— ha desarrollado un proyecto de esta naturaleza. Se ocuparán 90 megahercios de la banda de 700 MHz, además de hilos de fibra oscura de la red troncal de la CFE. Estos recursos son de gran valor, particularmente el espectro radioeléctrico, por su generosidad de transmisión.
Lo que tradicionalmente han hecho los países de la OCDE es poner la mayor cantidad de espectro en el mercado para que sea, a través de asignaciones o concesiones, que los operadores lo exploten y oferten servicios directamente a los usuarios.
En este caso, la red funcionará a través de una asociación pública privada (APP). Las APPs son figuras que han demostrado tener éxito, pero también un rotundo fracaso, en las que un particular desempeña funciones delegadas por el gobierno. Hay muchos ejemplos de ello. Anticipar el resultado del proyecto de la red compartida es de pronóstico reservado.
La red está concebida para servir como un “carrier de carriers”. Esto quiere decir que será una red mayorista que brindará capacidad solamente a los operadores móviles establecidos, y que no podrá prestar servicios directamente al usuario final. En pocas palabras, funcionará como un intermediario de servicios entre los operadores y los consumidores.
Por el momento parecería que los operadores móviles (Telcel, ATT, y Movistar) tienen cubiertas sus necesidades de espectro. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acaba de entregar nuevas concesiones en la banda de 1.9 MHz a Telcel y ATT. Los operadores móviles virtuales —otros clientes potenciales— no alcanzan ni el uno por ciento del mercado, por lo que no parecen ser muy atractivos.
Además, la penetración de servicios móviles entre la población ya alcanza el 90 por ciento a nivel nacional. El proyecto de red compartida, con un costo estimado entre 7 mil y 10 mil millones de dólares, parece más que sobrado para satisfacer ese diez por ciento faltante. Por estas razones es que hay tantas dudas respecto al proyecto.