Vía El Sol de México por Javier Orozco
Hace una década se integró por primera vez el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano constitucional autónomo encargado de regular al sector desde la perspectiva técnica, administración del espectro y la competencia; después de un duro debate en mantener en la Secretaría de Gobernación, la parte de la regulación de los contenidos y los tiempos oficiales.
Los fines que se plantearon en la reforma constitucional de 2013, si bien hay beneficios como precios más bajos, mayor cobertura y nuevos servicios, pese a ello no se ha logrado equilibrar la balanza en competencia efectiva, sigue existiendo un monopolio en telecomunicaciones.
De acuerdo con cifras de IFT, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) previo a la reforma de junio de 2013 concentraba el 80% del tráfico en telefonía móvil, en marzo de 2023 el 77.7%; en abril de 2013 tenía el 69% del mercado móvil para marzo de 2023 el 60.2%. En servicio móvil de internet en enero de 2015 detentaba 53.3% del tráfico móvil de internet en marzo de 2023 el 76.7%. En 2013 invertía el 54.1% en 2021 sólo el 13.1%.
No hay que desconocer que han existido logros, como: una reducción del 31.5% los precios de las comunicaciones entre junio de 2013 y junio de 2023; la telefonía móvil creció en 30.7% en número de líneas, al pasar de 104 millones a 135.9 millones y los precios se redujeron 49.5% entre 2013 y junio de 2023. El servicio de internet fijo aumentó en 75%, en 2013 había 40 accesos de internet fijo por cada 100 hogares para 2022 había 70 accesos por cada 100 hogares.
Pero también hay claroscuros, como: la reducción de los sitios públicos conectados; el concurso mercantil de Altan Redes encargada de la Red Compartida que aprovecharía el dividendo digital, ahora con un nuevo préstamo de 100 millones de dólares; el desaprovechamiento de la fibra óptica de CFE; la desinversión en espectro radioeléctrico; nulos resultados en la supervisión de las medidas asimétricas y pese a los esfuerzos del IFT no se logra controlar al AEPT, hasta 2 funcionarios están bajo sospecha y siendo investigados, por asuntos relacionados con el mega operador.
Ante este panorama, siempre será necesario repensar el diseño institucional en materia de telecomunicaciones, adecuarlo a la realidad y ajustar aquello que no funciona o funciona de manera inequitativa. También, es importante que haya auténticos ejercicios de rendición de cuentas que conminen al regulador a cumplir su función, pues la captura regulatoria no sólo consiste en que la autoridad resuelva a favor de determinado interés económico, sino también puede manifestarse a través de una administración inercial del sector, o una equivocada visión salomónica de conceder o negar de manera arbitraria.
Por lo que ha diez años del nacimiento del IFT, es pertinente decirlo, falta dar una correcta interpretación constitucional a la reforma del sector, ya que en diversos temas se ha distorsionado.
