El órgano Federal Communications Commission (FCC), regulador de las telecomunicaciones en los Estados Unidos está dando un buen ejemplo de combate a las estaciones piratas de radiodifusión, el pasado 15 de marzo emitió un comunicado anunciando la imposición de las primeras multas a tres estaciones piratas con base en la Ley de 2020 que endureció las sanciones contra este tipo de ilícitos, es de destacar que a una de estas estaciones clandestinas ubicada en Queens, Nueva York le impuso la pena máxima permitida de más de dos millones trecientos mil dólares, algo así como cuarenta y cuatro millones de pesos en México, además del decomiso de los equipos transmisores.
Es claro que la legislación americana es efectiva en el combate a las estaciones de radio no autorizadas, por la serie de daños que provocan, incluida la interferencia perjudicial a las estaciones legalmente establecidas, además de que pueden poner en riesgo la aeronavegación, es importante señalar que el Congreso de aquel país emitió en 2020 una Ley que no sólo endurece las penas, sino que obliga a las autoridades a investigar estos ilícitos a través de monitoreos periódicos y que otorga a la FCC atribuciones en contra de los dueños de inmuebles que deliberadamente permiten transmisiones de estaciones piratas en sus propiedades.
En México, las estaciones piratas también son un serio problema, la industria estima que puede haber más de 600 estaciones piratas en el país, casi 1 por cada 4 estaciones legalmente establecidas que ascienden a 2335 de acuerdo con la infraestructura de estaciones de AM y FM en el país. Para algunos, se trata de una cuestión de seguridad nacional, ya que muchas de estas estaciones ilegales son operadas por grupos subversivos y del crimen organizado.
Muestra de lo anterior, es que operan en entidades federativas con altos índices delictivos como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La industria refiere que ha sido un problema que creció durante la pandemia de Covid-19, ya que ante el confinamiento pudo haber disminuido el monitoreo, así como un aumento de estas prácticas ante el encierro.
Por otra parte, no es un tema menor ante los procesos electorales 2023-2024, donde estas estaciones ilegales pueden afectar la equidad electoral, ya que en la praxis se ha venido observando que promocionan a candidatos y partidos.
Con motivo de lo anterior, bien vale la pena revisar las acciones que están emprendiendo en otros países, analizar cómo lo están atajando y valorar la situación propia del país, lo que podría implicar que el Congreso actualice el marco legal o bien las instituciones gubernamentales involucradas emprendan estrategias y acciones más eficaces.
Lo que no es justo, es que mientras unos pagan millones de pesos por el uso del espectro de forma legal, otros, de forma clandestina y burlándose de la ley utilicen este bien de la nación.
