Rodrigo Pérez-Alonso
Excélsior
*No obstante que las leyes estén escritas, éstas no pueden permanecer inalteradas. Aristóteles
En México existen alrededor de 281 leyes federales que norman desde materias como la elaboración y venta del café tostado hasta los ingresos y egresos del gobierno federal. Sin embargo, ha sido la Ley Federal de Telecomunicaciones -junto con las normas penales- una de las más analizadas y mencionadas en medios desde que fue promulgada por el presidente Zedillo en 1996. No obstante, es desde 2006 que se ha seguido una tendencia de controversia inevitable ante la falta de reformas que le den certeza y seguridad a los medios y operadores regulados. Desde entonces, semana tras semana, la agenda regulatoria de las telecomunicaciones se ha vertido en los medios de comunicación con distintos grados de polémica que, en gran medida, rebasan a las autoridades regulatorias.
Desde la entrada en vigor de la ley, las tecnologías usadas en las comunicaciones a distancia han sufrido grandes cambios y la industria un crecimiento exponencial. En 1997, los reguladores y la industria celebraban la apertura de la telefonía de larga distancia a la inversión extranjera y a nuevos grupos económicos (aparte de Telmex). Entonces existía una clara división entre los servicios de telefonía local, internet, larga distancia, radiodifusión y otros servicios ya desaparecidos (como el paging) que formaban industrias por sí mismas. Ahora, la línea divisoria entre distintos servicios se ha difuminado debido al internet y la tecnología IP. Con la convergencia de servicios a través de una misma “pipa” empresas, antes amigas, ahora pisan los terrenos comerciales de las otras.
Por ello, la ley de telecomunicaciones es una anciana de 17 años. Desde su creación ha sufrido únicamente seis reformas de mediano calado, una de las cuales fue objeto de una acción de inconstitucionalidad (la llamada Ley Televisa) en la Suprema Corte, dos nacieron obsoletas (el Registro de Telecom. y el cobro por segundo) y una corrige el mal concebido Registro antes mencionado. Por ello, la expectativa de las reformas a esta ley, anunciadas informalmente por el secretario Luis Videgaray en una conferencia reciente, son tan altas. La convergencia tecnológica es el nuevo paradigma que debe ser incluido en una reforma de gran alcance. De ahí tendrían que ser reconocidos un ente exclusivo de formulación de políticas públicas y otro, la Cofetel, de regulación del mercado con autonomía plena. También es necesario definir las reglas de interconexión y sanciones antimonopólicas.
En este inicio de administración, la oportunidad es muy grande. Avanzar (o no) en esta reforma significará que los operadores, los reguladores y especialmente los consumidores tendrán una ley que sea tan seria y efectiva como la de venta del café tostado o una de clase mundial que reconoce los postulados asentados en los compromisos de gobierno del Presidente en esta materia.
