Desde varios frentes se están utilizando los “Derechos de las Audiencias”, que quedaron plasmados en la Ley Federal de Telecomunicaciones del 2014, para controlar editorial, política y corporativamente a la radio, la TV abierta y a los programadores de la TV restringida.
El caso más evidente es el que está padeciendo MVS Radio, luego de que sufriera litigios masivos – más de 500 amparos- orquestados por una asociación denominada “Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia”. Esta organización elaboró machotes de amparos e incluso recolectó firmas en el Monumento a la Revolución. Su objetivo no es avanzar una mejor programación infantil o quejarse de alguna cobertura que haya maltratado a infantes. No, está tratando de tomar el control editorial de MVS. Su meta: reinstalar a Carmen Aristegui usando supuestas violaciones a los Derechos de las Audiencias, particularmente a los de la Infancia.
Afortunadamente, la gran mayoría de estos amparos han sido ya desechados y sólo quedan algunos por resolverse en un Tribunal Colegiado Especializado, pero la cantidad de recursos y tiempo que MVS ha tenido que dedicar a un litigio en realidad político-laboral, no ha sido menor, aunque se haya disfrazado de uno de derechos de audiencias infantiles.
Desafortunadamente, este no es el único caso, también Clara Luz Álvarez, académica de la universidad del Opus Dei –la UP- e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha aducido en Tribunales que tiene la representación de todos los niños y niñas de México y que con esa “representación” – y su forma de ver la vida- pide se revoquen y expidan nuevos lineamientos de clasificación para todos los medios electrónicos del país. Así, igualmente argumentando derechos de la Infancia, quiere imponer su particular criterio tanto a la radio y TV, como al resto de los padres de familia de México. Afortunadamente, la Juez que vio el caso no le dio la representación de tod@s l@s niñ@s del país.
Sin embargo, este asunto no queda únicamente en personas físicas o morales que utilizan los derechos de audiencias para fines de control editorial o estrategia política. El debate también ha llegado a las altas esferas de la Secretaría de Gobernación y del IFT.
Ambas dependencias llevan semanas rebotando un proyecto que sería la envidia en los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador o Vladimir Putin en Rusia, gobiernos que han destacado por su control sobre medios de comunicación y discuten que, bajo el argumento de propiciar la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, la difusión de valores, el uso correcto del lenguaje o el llevar contenidos que reflejen la pluralidad ideológica o la información veraz, puedan intervenir y sancionar a todos los medios de comunicación electrónica en el país.
Estoy seguro que ni el Secretario de Gobernación ni alguno de los Comisionados del IFT quieren realizar censura alguna sobre los medios de comunicación, pero de lo que se tienen que dar cuenta es de que están creando instrumentos que, en manos equivocadas, van a lograr censurar a los medios de comunicación masiva bajo cualquier pretexto, al grado de llegar a cuestionar situaciones como las siguientes: ¿el noticiero de Brozo usaba un “lenguaje correcto”?, ¿Ciro Gómez Leyva promueve el desarrollo de la niñez?, ¿Joaquín López Dóriga refleja en su noticiario toda la pluralidad ideológica del país?, ¿Adela Micha difunde valores?, ¿Esteban Arce se encarga de mejorar el sistema educativo?, ¿Luis Cárdenas puede asegurar que toda su información es veraz?
Poderoso instrumento para censurar es el que están construyendo. Si ya están viendo las autoridades cómo se están usando estos ‘derechos’ por activistas, es momento de reflexionar qué reglamentación van a dejar para quienes nos gobiernen después del 2018: una que propicie la libertad y el derecho de selección de las audiencias u otra que, so pretexto de cuidar a la infancia mexicana, sea el instrumento para lograr todo tipo de censura.
CAMBIANDO DE TEMA
Dos versiones sobre la Red Compartida: Sorprendió la semana pasada que, en un comunicado conjunto, SCT-IFT anunciaron que la licitación de la Red Compartida se postergaba seis semanas aduciendo que este nuevo retraso –de hecho el tercer diferimiento– era para permitir a los concursantes contar con más tiempo para el “cierre de sus (respectivos) financiamientos”.
¿Por qué dar más tiempo a algunos concursantes sobre los que sí estuvieron listos a tiempo? ¿Acaso no es esto un beneficio indebido? Si se argumenta que hay más volatilidad en los mercados luego del ‘Brexit’, esto es algo que no va a cambiar en un plazo de seis semanas. Al contrario, los mercados ya están relativamente estables, pero en seis semanas se podrían volver inciertos en función de resoluciones de la Reserva Federal en los Estados Unidos o el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, entre muchos otros factores e imprevistos.
Pero hay otra versión que corre en el gobierno: que los interesados en la Red Compartida, a pesar de todas las canonjías que estarían ya recibiendo –como espectro a un descuento del 90%-, quieren más. Ahora estarían planeando literalmente ‘secuestrar’ a Telcel, Telefónica y AT&T.
De hecho, ha trascendido que cuando menos dos de los postores que van por la Red Compartida están solicitando que se pospongan hasta después del 2018 nuevas licitaciones de espectro, en particular la de la banda 2.5 GHz –programada para este año, según el programa publicado por el IFT-, de tal manera que las tres empresas telefónicas agoten su espectro disponible para atender a usuarios y se vean forzadas a contratar los servicios de la Red Compartida, lo que les daría un negocio seguro y lucrativo.
Si lo anterior se materializa, México estaría tomando un extraño camino en la administración y uso de su espectro radioeléctrico, pero también se estaría beneficiando un negocio a costa de las principales telefónicas del país.
Por lo anterior, habría que empezar a preguntarse quiénes podrían estar detrás de la Red Compartida que logran asegurar descuentos del 90% en el pago de derechos por el espectro, prórrogas para que puedan “cerrar financiamientos” e incluso, idean posponer futuras licitaciones de espectro para fortalecer sus negocios.
Por lo pronto, el postergar la licitación de la banda 2.5 GHz ya apareció en la sesión del 13 de julio en el IFT, pero el asunto fue “deslistado”. ¿Es acaso este tema la verdadera razón del diferimiento de la licitación de la Red Compartida? En seis semanas sabremos si era mero rumor o tenía algún fundamento.
En cualquier licitación pública el gobierno debe ser en extremo transparente, cauteloso, imparcial y cuidar el interés público. Ojalá la Red Compartida no se convierta en otra cuestionada licitación.
