Mañana concluye el plazo fijado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que cualquier interesado presente su opinión o comentarios respecto de la propuesta de Oferta de Referencia de Desagregación Efectiva de la Red Local del Agente Preponderante en Telecomunicaciones (OREDA), que Telmex sometió a su consideración, con miras a que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2017.
Es preciso recordar que esta oferta de referencia es un documento de gran trascendencia para alcanzar algunos de los principales objetivos plasmados en la reforma de telecomunicaciones, pues a partir de ella se busca que los operadores distintos a Telmex/Telcel puedan acceder a la infraestructura de la red de Telmex para prestar diversos servicios de telecomunicaciones. La semana pasada me referí a este instrumento, que apenas inició sus efectos a principios de este año, vigencia que inició con retraso como resultado de una pobre gestión del Comité Técnico de Desagregación presidido por el IFT.
Como lo comenté en mi colaboración anterior, a tan sólo de siete meses de vigencia de la OREDA, ésta ha quedado rebasada por la realidad que el agente preponderante en el sector telecomunicaciones ha impuesto, con complacencia del IFT. Señalé que una vez que entró en vigor, Telmex inició su típica conducta de estrangulamiento de márgenes, que hacen imposible, dada la fórmula establecida para determinar la tarifa de la misma, que sus competidores puedan replicar la oferta de servicios de acceso a banda ancha para velocidades mayores a 10 megabits por segundo.
Aunque al momento de terminar de escribir esta columna, aún no se habían presentado comentarios por parte de los operadores de telecomunicaciones en el proceso de consulta pública, es de esperarse que antes de que haya concluido el día se hubieran presentado algunos. Por el bien del sano desarrollo del sector espero que en esas aportaciones se deje constancia con mayor detalle y profundidad, de la falta de eficiencia de la OREDA, hasta hoy.
Ahora bien, aun cuando el desencanto pudiera orillar a los operadores a no presentar comentarios sobre la OREDA, el IFT debe analizar con seriedad qué es lo que realmente está pasando a partir de la entrada en vigor de la OREDA, debe revisar cuántos accesos de banda ancha han sido contratados al preponderante en virtud de esta figura; cuántos han sido colocados exitosamente por los operadores entre sus usuarios; en qué tipo de accesos de banda ancha (distintas velocidades) los operadores han podido replicar las ofertas de Telmex, entre otros indicadores. Porque de eso se trata, de que gracias al acceso desagregado a la red local de Telmex, los demás operadores estén en condiciones de replicar lo que Telmex ofrece al mercado. Si no pueden, es porque la OREDA simplemente es un fracaso.
En este contexto, el IFT no debe sucumbir al constante y cínico esfuerzo de los voceros oficiales del preponderante, que buscan sembrar la falsa idea de que el mercado se ha transformado, que los competidores están ganando terreno a paso firme y que, por ende, no se requiere realizar ajuste alguno a la OREDA o al resto de las medidas impuestas a América Móvil. Lo cual es falso, desde luego.
Hoy más que nunca, el IFT no puede bajar la guardia.
El regulador tiene lo que resta del año para hacer una labor digna de la autonomía y la jerarquía que le fue conferida en la reforma constitucional, realizar los ajustes necesarios para que en el 2017, la OREDA se constituya en un instrumento fundamental del sector, que permita que más mexicanos accedan a más y mejores servicios de telecomunicaciones, en condiciones de competencia. No hacerlo es enviar una señal de apatía por una regulación efectiva que favorezca a los mexicanos.
