En las últimas semanas he visto con preocupación el fantasma de una convicción anticipada o demasiado prematura de las autoridades de que en el sector telecomunicaciones de nuestro país ya hay condiciones de competencia efectiva. Más adelante comentaré por qué me preocupa. Lo anterior lo he podido ver en posiciones de funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en proyectos de regulación emitidos por la propia autoridad, así como en proyectos de otras, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como es el caso del acceso a los postes de la Comisión Federal de Electricidad, tema que abordé en este espacio la semana pasada.
El problema de que ese fantasma empiece a rondar no sólo por las oficinas del regulador y otras autoridades, sino también en sus discursos o intervenciones en eventos, en entrevistas con medios e incluso en sus decisiones o proyectos de regulación, radica principalmente en que los funcionarios empiezan a ver con tedio o hartazgo que los operadores de telecomunicaciones distintos al agente económico preponderante insistan o reiteren que las medidas asimétricas impuestas a ese agente para tratar de anular las ventajas indebidas que ha mantenido durante años en este sector no han funcionado.
Pareciera que ya estamos en la etapa en la que los funcionarios, que se consideran poseedores de la verdad absoluta de lo que puede o no funcionar para corregir las fallas en el mercado, se atreven a pensar que, a pesar de todas las medidas que han salido de sus escritorios, los operadores que le compiten al grandote, al dominante, en México al preponderante, no han sido capaces de aprovechar dichas medidas para incrementar tanto su volumen de negocio como mejorar su participación de mercado, porque simplemente no saben cómo competir o porque quieren vivir a expensas del grandote.
Ése es justamente el discurso que los agentes dominantes en el sector telecomunicaciones de cualquier país busca colocar en la mente de los funcionarios, que se supone deben poner el mejor de los esfuerzos para ser creativos e instrumentar las medidas que resulten necesarias para anular o reducir el excesivo poder de mercado de esos agentes dominantes. El mensaje que el dominante o preponderante busca colocar en el ánimo de los funcionarios consiste en que crean que él sí invierte, que este operador sí buscar atender a todos los usuarios, que los demás invierten poco, etcétera.
Se trata de llevar a la autoridad a una etapa irreflexiva, en la que la autoridad se aferre a afirmar que no hay problemas y por ello no existe intención de revisar por qué no están funcionando una o más medidas. Se trata de una etapa en la que las autoridades reguladoras empiezan a diseñar las siguientes medidas regulatorias suponiendo que todo funciona de maravilla, cosa que en México está lejos de ocurrir con el sector telecomunicaciones.
Cuando los funcionarios empiezan a hacer señalamientos en el sentido de que las medidas ya están ahí, que si los operadores no las están aprovechando es su problema, que si quieren competir deben también invertir en infraestructura, entre otros conceptos, significa que hay un elevado riesgo de que muy pronto nos desviemos del objetivo que como sociedad nos planteamos: lograr un sector de telecomunicaciones en el que existan verdaderas condiciones de competencia, que permitan que los usuarios puedan lograr cada vez mejores condiciones en términos de precios y calidad. Me preocupa mucho que estemos en esa etapa de la vida regulatoria.
