4 de julio de 2012
Gerardo Soria Gutiérrez
El Economista
El pasado domingo fuimos testigos de un acto de valentía, coherencia y convicción democrática. Ante la derrota, el Partido Acción Nacional (PAN), por conducto de su candidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, se comprometió a vigilar al nuevo gobierno pero también a trabajar con él para concretar los cambios que México requiere. Por su parte, el candidato ganador, Enrique Peña Nieto, y su partido, ofrecieron trabajar junto a la oposición para sacar adelante las reformas estructurales que el país necesita para potenciar el desarrollo económico.
Durante la campaña que acaba de concluir, encontramos felices coincidencias en las propuestas del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ambos reconocieron la imperante necesidad de reformas estructurales en materia energética, fiscal y laboral.
Pasado el encono de toda campaña para la Presidencia de la República, debemos exigir y reconocer al PAN su generosidad en la derrota, y al PRI, humildad en el triunfo. Sólo así se concretarán las reformas que tanto necesitamos.
Desafortunadamente, las propuestas de PRI y PAN en materia de telecomunicaciones no pasaron de ambiguas declaraciones en torno de la promoción de la competencia, sin definir cómo lo harán. Aunque la materia no ha sido mencionada expresamente como una de las que requiere una reforma estructural, es necesario llamar la atención del futuro gobierno, de su partido, del gobierno saliente y de la oposición seria sobre la agenda que tendría que desahogarse para destrabar uno de los sectores más importantes de la economía.
En efecto, las telecomunicaciones son uno más de los sectores que requieren una reforma estructural. Debemos, de una vez por todas, terminar con la doble ventanilla y los pleitos palaciegos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Ante la ineficacia de la autoridad, sólo aquellos que pretenden mantener el statu quo salen favorecidos. Así, llevamos 17 años en los que la autoridad ha sido incapaz de controlar la dominancia de Telmex/Telcel en los mercados de telefonía y banda ancha, tanto en servicios fijos como móviles.
En la reforma del 2006 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, el Congreso de la Unión transfirió expresamente a la Cofetel todas las atribuciones en materia de radio y televisión abiertas, pero mantuvo la doble ventanilla en materia de telecomunicaciones. Por algún motivo, los legisladores no quisieron una autoridad sólida que pudiese imponer sus resoluciones a Telmex/Telcel. Esta decisión le ha costado al consumidor mexicano miles de millones de dólares, según fue reportado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Necesitamos, por tanto, una reforma estructural que delimite con precisión las atribuciones de la SCT y de la Cofetel en materia de telecomunicaciones. Debemos distinguir a la política de telecomunicaciones de la regulación del mercado de las telecomunicaciones.
Son cosas distintas, lo que que ni nuestros legisladores ni los funcionarios de SCT y Cofetel terminan de entender.
El mercado de las telecomunicaciones en México es un mercado abierto a la competencia y atendido por empresas privadas que debe ser regulado dada la altísima concentración con que se abrió a la competencia, los altísimos costos de entrada y los costos hundidos que impiden una fácil salida. Todo esto debe ser materia exclusiva de la Cofetel: desde la entrada al mercado y las relaciones de los operadores entre sí hasta la salida del mismo por empresas fallidas es materia de regulación, no de política. Por eso, la Cofetel es un órgano colegiado constituido por expertos transexenales e inamovibles. La regulación debe quedar al margen de intereses y presiones políticas.
Por otro lado, el Estado no debe renunciar a su obligación de promover más y mejores servicios accesibles para toda la población.
Esta obligación política debe ser atribución y responsabilidad exclusiva de la SCT. Por ejemplo, para lograr la penetración de los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional se requiere que la SCT licite la prestación de servicios en zonas rurales o urbanas que no sean rentables y, por tanto, carezcan de infraestructura.
Los programas de cobertura social que necesita nuestro país no pueden seguir sustentados en obligaciones de servicio universal por parte del operador dominante (Telmex). Se debe crear un fondo de servicio universal con cargo al erario público pero sustentado en licitaciones bien dirigidas, que sean congruentes con un modelo de mercado rentable y competitivo.
Las dos últimas administraciones ignoraron la obligación que tiene la SCT de elaborar un programa de cobertura social y se dedicaron a administrar los mercados de telecomunicaciones de manera arbitraria y con base en intereses coyunturales y poco claros. Estamos ante una oportunidad histórica que ni el PRI ni el PAN deben desperdiciar. Las coincidencias ideológicas y la tranquilidad de los tres años que faltan para las próximas elecciones federales han creado un entorno que debe ser aprovechado inmediatamente.