Federico González Luna Bueno
El Financiero
Se ha comentado en diversas columnas especializadas que en el equipo de transición del presidente electo se considera dividir la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una secretaría abocada a temas de infraestructura y regulación del transporte y otra a las telecomunicaciones y tecnologías de la Información. Estamos nuevamente ante lo que sería una mala noticia para la industria de las telecomunicaciones.
Actualmente la SCT tiene encomendadas funciones relacionadas con la creación y operación de infraestructura física tanto en materia de comunicaciones como de transporte. De acuerdo con la legislación, el enfoque primordial está regido bajo criterios que alienten la participación de los particulares, la creación de mercados eficientes, la apertura a la competencia, la regulación de los dominantes, y la intervención subsidiaria del Estado.
Este enfoque lo encontraremos de manera reiterada en la legislación de los ferrocarriles, aviación, autotransporte, telecomunicaciones, radiodifusión, aeropuertos y puertos. La SCT viene a ser una gran integradora de políticas públicas para la creación de infraestructura sustentada primordialmente en la inversión de los particulares.
No es una secretaría de Estado que meramente atiende trámites burocráticos; si ésa fuera la medida de su actuar, mejor reorganicemos toda la administración pública dividiéndola por el número de trámites a ser atendidos. Evidentemente las secretarías de Estado no se crean o dividen por cargas de trabajo sino por fines y funciones; las cargas se resuelven simplificando trámites y no multiplicando áreas de la administración pública (la cual, como todo el mundo sabe, fácilmente crece en forma exponencial si no le atamos rigurosamente las manos).
Para las telecomunicaciones en lo particular, la división de la SCT sería lamentable. Bástenos considerar que el subsector comunicaciones cubre cuatro funciones básicas: a) la regulación de la industria, b) el fomento a la cobertura social, c) las operaciones de las paraestatales en materia postal y telegráfica (y próximamente la de satélites), y d) el diseño de políticas públicas.
Si bien todas muy importantes, nadie podría dudar que la primera función, la regulatoria, es con mucho la más compleja y relevante bajo cualquier enfoque, y la que demanda el 85 por ciento del tiempo de los funcionarios públicos del área que trabajan. La función regulatoria la lleva principalmente la Cofetel, y en menor medida las áreas centrales de la SCT (lo cual, por cierto, es resultado de decisiones del Poder Legislativo y de la Corte, casi nunca de los titulares de la SCT que han preferido que la Cofetel se convierta en un mero ejecutor de sus decisiones (al fin y al cabo los problemas del sector se pueden resolver fácilmente bajo su gran sensibilidad política -o de sus colaboradores-).
¿Qué pasaría si se creara la Secretaría de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (por ejemplo)? Que desde su primer día de labores, el nuevo secretario de Estado estaría pensando en cómo quitarle funciones a la Cofetel (sin que le falte razón dado lo desocupado y aburrido del cargo). Es difícil imaginar que este flamante secretario asuma que su principal función es fortalecer un órgano regulador autónomo, no dependiente de él. Ni en Suiza. El primer titular de la SCT calderonista, aún teniendo toda la carga de trabajo del resto del sector, pretendió subvertir a la Cofetel mediante un reglamento inconstitucional y absurdo que la Corte tuvo que derrumbar casi por completo.
Crear una nueva secretaría así implica:
a) Debilitar al órgano regulador, b) alentar el manejo político y no técnico de las telecomunicaciones; c) transferirle problemas técnicos al Presidente de la República, d) mayor discrecionalidad, actos opacos y quizá corruptos, e) Ir en contra de las mejores prácticas internacionales, y f) fomentar la creación de burocracia y el gasto público innecesario.
Si eso queremos, apurémonos en dividir a la SCT.