2021.02.23
Vía El Economista
La prevalencia de la pandemia y el necesario distanciamiento social que tuvieron que instrumentar o adoptar una gran cantidad de países se tradujo en un escenario más que favorable para un crecimiento extraordinario en el consumo de contenidos audiovisuales en los hogares en todo el mundo, escenario en el que las plataformas de distribución de contenidos audiovisuales por vía streaming tuvieron un desempeño más que notable, sobre todo los grandes jugadores mundiales, como Netflix, Amazon Prime o más recientemente Disney Plus.
Ahora bien, aún antes de que cualquiera de nosotros imaginara siquiera la posibilidad de una crisis de salud como la que provocó el Covid-19 a lo largo del 2020 y lo que va de este año, diversos países habían anticipado la tendencia en cuanto a la creciente importancia de las plataformas de streaming, también conocidas como “Over The Top” (OTT), y el cada vez más notorio desbalance regulatorio frente a las formas tradicionales de distribución de contenidos audiovisuales a los hogares: la televisión abierta y la televisión de paga.
Está el caso de la Unión Europea, que ha venido trabajando en forma consistente y seria en el análisis y discusión de nuevos enfoques regulatorios para la prestación de servicios a través de Internet, que hace 10 años por ejemplo, se consideraba como algo no solo impensable, sino también como un error, bajo el argumento de que justamente la ausencia de reglas y regulaciones en el ecosistema de Internet era lo que había permitido la innovación y el crecimiento explosivo de este.
Pues bien, en mayo de 2016 la Comisión Europea ya había deslizado la posibilidad de someter a la consideración del Parlamento Europeo una serie de propuestas para nivelar, en la medida de lo posible, el marco regulatorio para la televisión abierta radiodifundida, para la televisión de paga y las plataformas de streaming. En aquel momento, ese organismo consideraba que resultaba conveniente, para la preservación de la identidad cultural de los países que integran la Unión Europea, que las plataformas de streaming garantizaran que un 20% de su catálogo estuviera conformado por contenido local.
El paquete que aprobó el Parlamento Europeo en octubre de 2018 y que se convirtió en una Directiva cuya adopción es obligatoria para cada uno de los países miembros, estableció que el porcentaje del catálogo que debe cubrirse con contenido local debía ser 30%, es decir, más que en la propuesta original.
En el mismo sentido trabajan otros países como Canadá, o algunos latinoamericanos como Brasil, Colombia o Argentina, país donde aún se discuten propuestas que van del 10 al 25 por ciento en cuanto al porcentaje del catálogo que debe reservarse para contenidos argentinos, por ejemplo.
En este contexto se inscribe la propuesta del senador Ricardo Monreal, Coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, relativa a la expedición de una nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual que introduce mecanismos que buscan promover una mayor producción de contenidos audiovisuales mexicanos y junto con ello, que tanto exhibidores (las salas de cine) como plataformas digitales, destinen un 15 por ciento de sus pantallas o catálogos, respectivamente, para esos contenidos nacionales.
La iniciativa sin duda puede ser mejorada, como ocurre con cualquier otra, pero no tengo duda en afirmar que su propuesta central va en el sentido correcto y es consistente con buenas prácticas internacionales, por lo que hace a la promoción de la industria cinematográfica nacional así como a garantizar que quienes hacen negocio mediante la exhibición o transmisión de dichos contenidos, contribuyan a su difusión.
Se trata de promover una regulación razonable, consistente con lo que están haciendo otros países que ya nos llevan ventaja en el tema, pero sin caer en el riesgo de regresar a esa época de la industria cinematográfica nacional en la que el gobierno era el principal operador de salas de cine.
