La Razón
Finalmente, en la madrugada del viernes pasado (o al final de la noche del jueves, para efectos prácticos) se aprobó en el Senado de la República el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radio y televisión y competencia económica. Había prisa, el periodo ordinario de sesiones está a punto de concluir.
Los cambios que finalmente introdujeron los senadores al proyecto de decreto, son menores en su inmensa mayoría. No se cambió el sentido de la minuta, ni se alteró el nuevo arreglo institucional que, como lo señalaron diversas voces autorizadas, implica en los hechos el nacimiento de un nuevo poder. En efecto, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, adquirirán ese rango por el grado de autonomía que desde el texto constitucional se les habrá de conceder.
El nacimiento de estos dos órganos constitucionales autónomos con amplísimas facultades y no muchos contrapresos, ya que inclusive la revisión del Poder Judicial Federal respecto de sus actos y omisiones se realizará en forma simplificada, no fue abiertamente combatida durante las etapas del proceso legislativo que está cerca de concluir. La única excepción, fue la postura seria que en todo momento mantuvo el senador Javier Lozano Alarcón , Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. Lozano Alarcón, nunca cedió en la discusión porque en realidad ésta no existió. Se manifestó resignado a la creación de estas nuevas autoridades fuera del ámbito de la administración pública federal, al evidenciarse que hasta quienes hoy ostentan estas responsabilidades, tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, omitieron defender las instituciones y el poder al cual pertenecen. Era, simplemente, una decisión tomada meses atrás.
Así, el nuevo arreglo previamente concebido se encamina a un doloroso parto y compleja etapa de lactancia. Esta afirmación no es pesimista, es exclusivamente realista y parte de la complejidad del cambio planteado, así como de lo observado en experiencias previas que podrían calificarse como similares. Ante este escenario, resulta particularmente valioso para entender los retos y definiciones que conllevará la integración en todos sus niveles e inicio de operaciones de los dos nuevos órganos, el análisis contenido en el ?Documento que sobre el impacto jurídico e institucional de la reforma en materia de telecomunicaciones se presenta a los Foros Públicos del Senado de la República para analizar la minuta en telecomunicaciones?, suscrito por los académicos Sergio López Ayllón , J osé Roldan Xopa y Josefina Cortés .
Los tres académicos autores del documento que fue presentado al Senado, plantean con seriedad las dudas que genera la creación de dos autoridades que, destinadas a ubicarse fuera de la administración pública federal, estarán encomendadas a funciones eminentemente administrativas. Uno de los puntos centrales de su análisis, estimo, es la necesidad de entender que a pesar de su autonomía, estas autoridades deberán coordinarse con el Poder Ejecutivo Federal. Otro aspecto, no menos relevante, consiste en la reflexión en torno al límite de sus poderes, así como a las normas que habrán de garantizar la transparencia en sus actos y en el ejercicio de los recursos que les serán transferidos a su presupuesto.
El nacimiento de un nuevo poder está muy cerca. Los resultados de esta decisión tomarán más tiempo en manifestarse.
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