La nueva administración de los Estados Unidos de América, encabezada por Donald Trump, ha reabierto un debate importante en torno a la privacidad en el uso del Internet y, en última instancia, concerniente al principio de “neutralidad de la red” en ese país.
Durante la administración de Barack Obama, presidente de extracción demócrata, los grandes operadores de telecomunicaciones fueron obligados a solicitar la autorización de sus usuarios internautas, antes de poder compilar datos relativos a su uso del Internet, como sus preferencias al navegar esta red, y poderlos compartir o comercializar a un sinnúmero de empresas interesadas en los mismos. Los patrones de uso del Internet sirven para amplios propósitos comerciales: a partir de los mismos, por ejemplo, se determina el tipo de publicidad en línea, que se dirige a cada una de nuestras computadoras y dispositivos terminales móviles.
En su momento, la oposición de operadores como Comcast y Verizon a las reglas de privacidad de la administración de Obama se sustentó, entre otros argumentos, en la presunta iniquidad que estos gigantes de las telecomunicaciones deben enfrentar respecto de otros proveedores de servicios basados en el ciberespacio, como son Google, Facebook y Amazon.
La regulación en esta materia, rechazada por el actual congreso estadounidense, controlado por el Partido Republicano al que pertenece el presidente Trump, impone cargas regulatorias a las empresas que prestan servicios con base en su infraestructura de telecomunicaciones, y no así a otras empresas de tamaño similar, cuyas operaciones si bien se basan en la “red”, no implican la prestación del servicio de acceso al usuario final.
Como se podría haber esperado, los grupos de la sociedad civil norteamericana, que tienen como objeto defender los derechos de privacidad de los ciudadanos, han protestado esta ola desreguladora. Temen, además con razón, que éste sea el primer paso de una agenda más ambiciosa en beneficio de los grandes conglomerados de telecomunicaciones, en donde la consecuencia lógica será el cuestionamiento a las reglas relativas a la denominada neutralidad de la red.
El principio de “neutralidad de la red” se refiere a tratar de la misma manera todo el tráfico o comunicaciones que viajan por el Internet. Su regulación, vigorosamente protestada por las empresas operadoras de redes de telecomunicaciones, que proporcionan a los usuarios el servicio de acceso a esta red de redes, les impide diferenciar, por ejemplo, la velocidad con la cual se puede acceder a un contenido que éstas ofrecen en línea, respecto de los ofrecidos por otros prestadores de servicios como pueden ser Netflix y Youtube. Esta igualdad de trato obligatoria, impide, entre otras cosas, el cobro por mayores velocidades de descarga, con lo cual, a decir de sus opositores, se desincentiva la inversión en infraestructura de banda ancha.
En todo debate existen posiciones encontradas y, en muchos casos, argumentos sólidos respecto de cada una de ellas. Lo que puede resultar preocupante en el caso de la privacidad y neutralidad de la red, es un viraje que erosione los derechos de los individuos respecto de un medio, el Internet, y una actividad, la comunicación en línea, que cada día cobra mayor importancia para la sociedad.
Lo que suceda en los Estados Unidos de América en los próximos meses, seguramente será observado por los reguladores de todo el orbe, y podrá influir en la definición que se dé a derechos fundamentales para los individuos, a lo largo y ancho del denominado mundo occidental.
