Durante la semana pasada estábamos por digerir los hechos relativos a la controversia constitucional que planteó el Ejecutivo Federal relacionada con la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en materia de retransmisión de contenidos y derechos de autor, cuando un nuevo ingrediente se sumó y se convirtió en insumo esencial para seguir entendiendo cómo va la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
Derivado de la labor periodística de Carlos Mota, columnista de EL FlNANCIERO, el miércoles 19 anterior se dieron a conocer aspectos importantes de la relación empresarial que tienen Dish y Telmex que, de ser ciertos, mostrarían la existencia de una alianza de negocios de gran envergadura entre ambas empresas (mucho más trascendente que la mera facturación y cobranza, como lo han informado oficialmente) y que podría tener importantes consecuencias jurídicas.
Conforme a la información dada a conocer, bajo el proyecto confidencial Alpha, Telmex (entre otros muchos acuerdos) podría adquirir el 51 por ciento de las acciones de Dish por 325 millones de dólares, y en tanto tendría una participación directa en la ejecución del modelo de negocios a través de dos asientos en un Comité de Operaciones que supervisaría el cumplimiento del acuerdo comercial.
Acuerdos como el mencionado pueden ser relativamente comunes en el mundo empresarial; empero, en el caso concreto existen hechos y presupuestos legales que deben tomarse en consideración para entender puntualmente el tema.
Telmex está impedida por virtud de su título concesionario para explotar directa o indirectamente el servicio de televisión al público; además, las operaciones hubieran estado sujetas, cuando menos, a avisos en materia de competencia económica y bursátil (nacional e internacional), e inclusive a las autoridades de telecomunicaciones, ya que dentro de las negociaciones se incluiría la aportación de 30 MHz de la banda de 2.5 GHz, de suma importancia para la prestación de servicios inalámbricos fijos y móviles.
En el marco de la reforma constitucional de telecomunicaciones, los hechos descritos serían trascendentes ya que dentro de las normas constitucionales que impulsan la competencia está la de la retransmisión gratuita de los contenidos de radiodifusión, a la que se ha acogido Dish, estímulo que está condicionado a que no se beneficie de manera directa o indirecta a otro concesionario declarado como preponderantes como eventualmente lo será Telmex a partir del 9 de marzo próximo.
Por si el escena rio no fuera lo suficientemente complicado, el viernes anterior el Ifetel resolvió un diferendo entre operadores existente desde hace varios meses, en el sentido de que tanto Televisa como TV Azteca estarán obligadas a hacer disponible gratuitamente la señal de los canales 2, 5, 7 y 13 de la ciudad de México a favor, precisamente, de Dish. Severo golpe para las televisoras, aún mayor en el contexto que hemos descrito párrafos arriba.
Cabría decir que el presidente del Ifetel señaló el mismo viernes que dicha resolución se pronunciaba sin haber considerado los posibles efectos de la asociación Dish-Telmex, apenas conocida, lo que sin duda tendría un impacto legal importante en todo este estado de cosas. Hay dos preguntas torales aún sin respuesta: ¿Son ciertos los términos divulgados del acuerdo Dish-Telmex?, ¿Se informó de ellos oportuna e íntegramente a las instancias responsables de competencia y telecomunicaciones? Dados los antecedentes del caso, parecería ingenuo suponer que la respuesta a estos cuestionamientos provendrá de las empresas involucradas, por lo que es indispensables que la autoridad competente, el Ifetel, conozca a la brevedad del asunto, lo investigue y resuelva lo que haya lugar.
En beneficio de la transparencia, la legalidad y la competencia. Y de las propias empresas involucradas, Dish y Telmex, para eliminar cualquier percepción de que se pretendió ocultar información con el fin de obtener beneficios más allá de la ley. Así de simple y así de grave. La sana competencia también se transparenta.
