En 1766, en Suecia, el Parlamento de ese país aprobó por primera vez un derecho de avanzada para abrir los documentos públicos al escrutinio de sus ciudadanos y la prohibición de la censura por motivos políticos. Con ese primer ordenamiento legal, hace 250 años Suecia se convirtió en el precursor de la transparencia y el acceso a la información pública. Siglos después, en 1966 en EU se aprobó la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), la cual serviría como preámbulo para las leyes de transparencia y acceso a la información pública de más de 80 países alrededor del mundo, incluyendo México.
La semana pasada el Presidente de la República publicó la segunda ley en la materia que se ha aprobado en nuestro país en menos de 16 años: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La diferencia ahora con su predecesora (ahora abrogada) es que cualquier ente, público o privado, que reciba o ejerza recursos públicos o actos de autoridad, será sujeto obligado de esta ley. En la práctica esto significa que sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y demás entes jurídicos que tradicionalmente se han caracterizado por ser cajas negras ahora deberán revelar sus más profundos secretos.
Hasta ahí todo suena jurídica y éticamente bien; parte del movimiento a nivel mundial por hacer más transparentes a los gobiernos (y ahora los entes que ejerzan recursos públicos) y responsables ante la ciudadanía. Sin embargo, en nuestro país parte de ese movimiento por transparentar el actuar del gobierno y a los servidores públicos a través del paquete de leyes anticorrupción se ha politizado. Como parte de las iniciativas (además de la nueva ley de transparencia) está una serie de medidas anticorrupción que quedaron en manos del Senado de la República durante el último periodo de sesiones que apenas cerró el pasado 30 de abril.
A lo largo de ese debate, el paquete de iniciativas anticorrupción ha sido politizado por partidos políticos, asociaciones civiles, organismos empresariales y think tanks. Entre las iniciativas que surgieron de ciudadanos y ONG están la llamada iniciativa3de3 que busca abrir al escrutinio público la información fiscal, de intereses y patrimonial de los servidores públicos. Si bien son temas de suma nobleza, el fondo del debate es más político ante los escándalos develados en contra de funcionarios públicos federales, la coyuntura política de las elecciones en 12 estados y hasta la lucha por el posicionamiento en aras de las próximas elecciones federales.
Así, el gobierno y los partidos de oposición en el Congreso se han enfrentado en torno a éstas, luchando así por posicionarse en la opinión pública y en la percepción de estar en el bando de defender los buenos valores. Hasta ahora, todo indica que el gobierno ha perdido las batallas ante la opinión pública e incluso en desgaste de algunos de sus representantes en el Congreso.
CIUDADANOS CONECTADOS
Ayer la Asociación Mexicana de Internet, en colaboración con Infotec y Elogia, publicó sus más recientes números de usuarios de internet. Ya somos 59 por ciento de mexicanos conectados y 71 por ciento menores de 34 años.