Rodrigo Pérez-Alonso | Excelsior | 2 de Septiembre 2015
La Reforma de Telecomunicaciones cumplió con la promesa, por mucho atrasada en anteriores administraciones, de mejores precios, ofertas comerciales y acceso a servicios como internet, telefonía celular y mensajes de texto. La idea está fundada en principios básicos de competencia económica y economía de redes implementados hace décadas en otros países, pero que a raíz de la existencia de autoridades regulatorias débiles, captura regulatoria y complicidad legislativa, no habían podido ser concretados hasta ahora en México.
La principal noticia de este sector, después de la reforma, fue la entrada de AT&T, irónicamente otro actor dominante de las telecomunicaciones en EU, al mercado monopolístico de telecomunicaciones en México. Junto con un mejor marco normativo que incluye la eliminación del roaming nacional y otras medidas, los operadores tendrán un piso más parejo. La estrategia de AT&T ha sido agresiva y los efectos ya están surtiendo efectos en el mercado; los principales operadores han tenido que ajustar sus precios y ofertas comerciales. Cosa de ver cómo Telcel, de Daniel Hajj, y Telefónica de Carlos Morales, eliminaron los cargos de roaming y de larga distancia hacia y desde Estados Unidos a precios muy accesibles, algo impensable hace tan sólo dos años.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en este mercado y falta todavía mucho por hacer en beneficio de los usuarios. Existen aún prácticas, reconocidas como nocivas y prohibidas en EU y Europa, pero que en México siguen siendo un lastre para el usuario. Hablo de las prácticas de cobro por servicios no solicitados (en modalidades de pre y post pago) en telefonía celular y fija, servicios escondidos, prácticas de facturación indebida o no autorizadas expresamente por el usuario y muchas otras tepocatas y alimañas. La idea es confundir o engañar a los consumidores con cargos pequeños (o en algunos casos grandes), haciendo cansado reclamarlos y solicitar su eliminación. Mientras tanto, los ingresos por usuario son inflados artificialmente con estas estrategias.
Seguramente los lectores han recibido cargos por fianzas anuales (alrededor de 172 pesos), cargos extra por mensajes SMS no enviados (98 centavos más IVA por mensaje), engaños en los números gratuitos (se cargan en forma separada y no en los minutos contratados a partir del minuto 5), cargos extra de alrededor de 40 pesos por detalle de llamadas, saldos prepagados que no duran no obstante el poco uso, cargos extra por dar de alta números gratis, cobros por llamar al buzón de voz y demás prácticas indebidas. Muchos de estos ejemplos se llaman cramming en la práctica y en EU y Europa han sido objeto de demandas judiciales multimillonarias.
Son justamente éstas las que tanto el IFT, que lleva Gabriel Contreras, como la Profeco, de Lorena Martínez, deben atender como un paso adicional a la Reforma de Telecomunicaciones. Es importante que los órganos reguladores de protección al consumidor, telecomunicaciones e incluso competencia económica tengan estos asuntos en su día a día regulatorio.
Los ejemplos abundan y seguramente el lector tendrá muchas historias de terror
