2019-12-02
En lo que va de 2019, diversas instancias gubernamentales han dado a conocer una serie de anuncios trascendentales para el sector de las telecomunicaciones en México. Con ello se está configurando un nuevo ecosistema de inversiones, políticas públicas y entidades que, si bien podrían dar una nueva forma al sector, no cuentan con mecanismos claros para su coordinación.
El más reciente de los anuncios lo hizo el Ejecutivo Federal de la mano del sector empresarial presentando el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. De los 147 proyectos de infraestructura ahí contenidos, cuatro corresponden al sector de telecomunicaciones y suman una inversión planeada de 118 mil millones de pesos entre 2020 y 2022.
Por otro lado, en agosto, se anunció la creación de CFE Telecomunicaciones Internet para Todos (CFE Telecom), una subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad que prestará, de acuerdo con su título de concesión, servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro a usuarios finales en caso de que no cuenten con una oferta comercial, y, de manera gratuita, en espacios públicos.
Posteriormente, en octubre, la Subsecretaría de Comunicaciones publicó el Programa Nacional de Cobertura que establece seis criterios para la provisión de servicios de telecomunicaciones en más de 10 mil localidades prioritarias; se les denominó “Zonas de Atención Prioritaria de Conectividad Social”.
A pesar de la diversidad de iniciativas sectoriales, el funcionamiento de este ecosistema aún no está del todo claro. Un problema es que no comparten un objetivo geográfico común. Si bien el acuerdo de inversión privada contempla proyectos de telecomunicaciones multiregión, la Subsecretaría de Comunicaciones estableció, en su programa de cobertura, que los esfuerzos deben enfocarse en la región sur-sureste.
Otro problema es que el anuncio de inversión privada no está grabado en piedra. Que la inversión haya sido comprometida, no obliga a que esta sea ejercida efectivamente, depende, sobre todo, de la estabilidad y solidez de la economía mexicana para garantizar los retornos futuros. De hecho, el acuerdo ni siquiera considera inversión en telecomunicaciones para el periodo 2023-2024, cosa que sí hace, por ejemplo, para el sector del transporte.
Adicional a esto, existe otro actor del cual aún se desconoce su participación: la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. Este organismo tiene a su cargo la política digital del país, sin embargo, después de un año de iniciada la administración no cuenta con un plan claro con acciones y estrategias para una conducción cabal de sus atribuciones.
Esta Torre de Babel de las Telecomunicaciones requiere de mayor coordinación. Mucho parece estar puesto sobre la mesa: políticas sectoriales (estemos o no de acuerdo con ellas), capital privado, y en mayor o menor medida, las entidades gubernamentales a cargo del sector. Sin embargo, hace falta establecer los mecanismos y sinergias que aseguren el desarrollo de las telecomunicaciones.