vía El Economista.
Como le comenté la semana pasada, la Ciudad de México pretende obligar a las redes públicas de telecomunicaciones a meter en ductos subterráneos sus cables, en toda la ciudad, y en un plazo muy corto. Esto traería un incremento sustancial en los precios del acceso a Internet y graves molestias para los habitantes, al pretender obligar a abrir zanjas en todas las calles y casi al mismo tiempo. Le dije también que llama la atención que sólo se pretenda obligar a las empresas privadas, pero se permita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantener su cableado en postes. Este hecho hace evidente que la intención es exclusivamente recaudatoria y que están pensando más en los recursos que necesitan para la próxima elección que en el bienestar de la población. Son iguales, o peores.
Pues bien, el 3 de noviembre de 2022, el municipio de Guadalajara publicó una reforma a su Reglamento de Imagen Urbana, mediante la cual regula el soterramiento de las redes de telecomunicaciones. Aunque es menos burdo que el texto elaborado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, el reglamento de Guadalajara también otorga un trato distinto a las redes de telecomunicaciones que aquel que otorga a la red eléctrica de CFE. Aún así, tiene el acierto de no imponer obligaciones retroactivas y referirse sólo a nuevo cableado en donde la infraestructura existente sea ya subterránea. Si bien subsiste el problema de la invasión de atribuciones federales por parte del municipio, es un ejemplo claro de que el objetivo se puede lograr de manera inteligente y a mediano plazo.
Dado que las dos principales ciudades del país -más aquellas que se sumen en un efecto dominó- tienen la mira puesta en el soterramiento de las redes de telecomunicaciones, es esencial que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ponga atención a este asunto y, en su caso, demande las controversias constitucionales que sean necesarias para defender sus facultades constitucionales y su mandato de promover los servicios de telecomunicaciones como un derecho humano y no como un lujo que puede ser ordeñado por cuanto gobierno se interponga en su despliegue.
No parece que podamos ser optimistas y confiar en que el IFT hará su trabajo. En todos los temas importantes (desconcentración del sector, contraprestaciones por uso del espectro o supervisión y sanción de las medidas de preponderancia) el Instituto ha sido, cuando menos, tibio. Destina su tiempo y presupuesto a seminarios, conferencias, estudios y encuestas sobre temas de muy cuestionable trascendencia con tal de aparentar que trabaja, pero sobre lo importante guarda un ominoso bajo perfil.
En otra noticia reciente, que también ejemplifica la aberrante cultura en que las telecomunicaciones y la sociedad de la información dejan de ser vistos como derechos humanos para ser transformados en objeto del deseo de todo tipo de parásitos, el Congreso de la Unión pretende obligar a todos los fabricantes e importadores de teléfonos móviles, tablets, laptops, computadoras de escritorio, servidores de Internet, consolas de videojuegos, soportes USB o discos duros, a pagar derechos de autor; como si usted, por el simple hecho de poseer un dispositivo con capacidad de almacenamiento, estuviera violando la ley y consumiendo contenido de forma ilegal. Pretenden desconocer que al día de hoy la música y el video se consumen a través de plataformas de streaming que ya pagan derechos de autor. Es decir, quieren cobrar doble. Aunque estos repugnantes grillos dicen que por ningún motivo se incrementará el precio al público de los equipos, es evidente que pretenden vernos la cara de estúpidos. Si los fabricantes o importadores tienen que pagar esto, indudablemente el precio de los dispositivos se incrementará. En lugar de fomentar la incorporación de los mexicanos más pobres a la era digital, Morena pretende exprimirlos aún más para ayudar a los cuates. Faltaba más. Por el bien de México, primero los sobres, dicen por ahí.
@gsoriag
