Es raro encontrarse con un desplegado que suscriban prácticamente todas las empresas de servicios de telecomunicaciones. Casi nunca están de acuerdo entre ellas en los temas álgidos del sector.
Pues ocurrió el día de ayer. Los principales concesionarios de telecomunicaciones de México se pronunciaron públicamente acusando al agente económico preponderante América Móvil (Telmex/Telcel) de querer revertir la reforma constitucional. El comunicado consta de 12 numerales (argumentos cuantitativos y cualitativos) que enuncian las diversas causas de esta aseveración.
Es cierto que la Suprema Corte es la que tiene la última palabra en este tema. Sin embargo, dado un proyecto que se ha hecho disponible, parece que los ministros no están privilegiando el interés público de todos los mexicanos. La Corte sabe que la reforma en telecomunicaciones y, en particular, el artículo cuarto transitorio de la misma, son el fundamento que hace constitucional el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No darle validez a este artículo es como no darle validez tampoco a la desaparición de la larga distancia, y afectará a la reforma que más resultados tangibles ha dado y a la certeza en nuestro país en materia de inversión extranjera.
El artículo 131 es el que se refiere a la mal llamada tarifa cero, ya que realmente es una prohibición temporal de cobro. El Constituyente legisló, en su carácter de representación popular, que las llamadas terminadas por competidores y que tienen que usar la red del preponderante no se cobren. Bajo este esquema es que los competidores han realizado, desde el 2015, proyectos de inversión para empezar de manera incipiente a competir y con ello, lograr darle una mejor oferta al consumidor, cosa que no sucedía hace más de 20 años.
Declarar inválido el mencionado artículo significaría darle al traste a los planes de negocio de los operadores que han decidido dar la lucha por el mercado mexicano. Si bien la competencia apenas empieza, al menos se han obtenido importantes logros como lo es la disminución sustantiva en las tarifas de telecomunicaciones (hasta un 42 por ciento en telefonía móvil).
Cambiar las reglas del juego a medio camino es un balde de agua helada para la competencia del agente preponderante. Es haber engañado a los operadores que le apostaron a un marco normativo que iba a permitir fomentar un entorno de competencia efectiva. Modificar las reglas a favor del preponderante (como es el caso) provocaría desinversión del resto de los concesionarios, y, sobre todo, un repunte en las tarifas finales que afecta directamente el bolsillo de los usuarios.
Por lo anterior, no es extraño que todo el sector de telecomunicaciones (salvo Telmex/Telcel, por supuesto) estén expresando su preocupación y desconcierto de revertirse la normatividad que ha empezado a dar resultados en el marco de la reforma estructural. No es un tema menor y los ministros de la Corte lo saben, pero aun así parece que el interés público no estará por encima del interés particular de América Móvil.
