El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió el pasado 11 de julio una reducción tarifaria a favor de Telmex, en la modalidad “el que llama paga” (EQLLP).
Esta tarifa es la que se cobra en llamadas marcadas desde un teléfono fijo hacia uno móvil. Son alrededor de 3 millones de líneas fijas que tiene Telmex asignadas, que no cuentan con un paquete de llamadas ilimitadas a teléfonos móviles, y que sus costos se tasan con las tarifas de EQLLP.
La reducción de tarifas, autorizada por el IFT a Telmex en esta modalidad, será del 30 por ciento a partir de agosto del presente año, lo que disminuirá la tarifa a 56 centavos por minuto. Para el 1 de enero de 2017 habrá otra reducción de un 15 por ciento, que llevará la tarifa a un nivel de 48 centavos. Y un 15 por ciento adicional a partir del 1 de enero de 2018, con una tarifa de 40 centavos por minuto.
Lo anterior significa que en 17 meses se logrará una reducción total del 50 por ciento respecto de la tarifa que se paga hoy. De una primera lectura se pensaría que es un impacto favorable en costos para los 3 millones de clientes de Telmex. Y sí lo es.
Sin embargo, la regulación tarifaria al preponderante es eje central de la regulación asimétrica que se le aplica. ¿Al autorizarle una reducción de tarifas a Telmex, qué pasa con la competencia en el mercado? Pues simplemente que no hay un rebalanceo de usuarios hacia otros operadores del sector.
Con este tipo de incentivos al preponderante, lo que se provoca es que prevalezca la enorme concentración de ingresos y usuarios en manos de Telmex. Un buen regulador tiene que provocar, a través de una política tarifaria congruente, que usuarios del preponderante se desplacen hacia otros operadores que cuenten con mejores ofertas y precios. Esta decisión provoca todo lo contrario. Va en contra del espíritu de la reforma en el sector.
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