Pregunta: ¿Qué tienen en común la Unión Nacional de Trabajadores; la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles; la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín, BC; la Central Campesina Cardenista; el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales; el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE; el Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI; la Coordinadora Nacional de Trabajadores Valentín Campa; el Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente; el Frente Popular Revolucionario Socialismo Nuevo; el Movimiento Campesino Regional Independiente de Chiapas; la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; el Movimiento Nacional Consejo de Organizaciones Alternativas, COALT; la Red de Izquierda Revolucionaria; el Movimiento de Liberación Popular REDIR MLN; el Movimiento Cívico Popular del Estado de México; la Convención de Pueblos Originarios del DF; CEM Anáhuac; los Trabajadores en Resistencia del IMSS; la Organización Pueblo Digno FASUS de Estado de México, Puebla, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Yucatán y Chihuahua; la Asamblea Nacional Popular; el Comité de Padres de los Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa; el Frente de Organizaciones Campesinas El Campo es de Todos; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Convención Nacional Popular; la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México; el Foro Petróleo y Nación; el Frente Popular de Tlapa; la Constituyente Democrática y Popular de la Ciudad y Valle de México; la Fuerza de México Obreros y Campesinos, AC; la Unión de Trabajadores del Campo; y el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano?
Respuesta: Que todos ellos se dicen de izquierda pero protegen los intereses del cuarto hombre más rico del mundo y el monopolista más poderoso de nuestro país; que todos ellos quieren que las cosas cambien para que se mantengan igual; que todos ellos medran con las necesidades de los más pobres para enriquecerse a costa de un estado débil, paternalista y corrupto, que comprando a sus líderes compra carne de cañón para apuntalar los negocios y ambiciones del mejor postor; que todos ellos están en contra de la libre empresa individual y apoyan el control corporativo de las masas y del mercado.
Todos esos corporativos disfrazados de sindicatos y movimientos populares, a petición de Francisco Hernández Juárez, el líder del sindicato de Telmex, pretenden presionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que le permita a Carlos Slim monopolizar el único mercado de telecomunicaciones que aún no domina: la televisión. El pretexto, por supuesto, es otro. Dicen querer defender el contrato colectivo de trabajo de Telmex, ante la orden del IFT para que la empresa realice la separación funcional de sus servicios al mayoreo, de tal manera que los competidores puedan acceder a ellos en las mismas condiciones en que lo hacen los servicios al menudeo de Telmex.
Olvidan, o pretenden olvidar, que desde el 2015 el propio sindicato de Telmex informó a sus trabajadores que ante la transferencia de toda la infraestructura de la empresa a Carso Telecom, sus derechos laborales y su contrato colectivo de trabajo habían sido respetados. Ahora, la orden del IFT simplemente implica que los activos de Carso Telecom se deben poner a disposición de los competidores en los mismos términos y condiciones en que los usa Telmex.
A decir de los corporativos que protegen los intereses de Slim: “sólo vemos que los verdaderos ganadores serán empresas extranjeras y nacionales que buscan apropiarse del patrimonio de la nación y de la red de Telmex sin invertir ni generar empleos para los mexicanos”. ¿De verdad consideran que el patrimonio de Slim es el patrimonio de la nación? Quizá estemos cerca de que el patrimonio de la nación sea de Carlos Slim, pero aún no lo es. ¿Cuántos empleos ha creado la competencia en telecomunicaciones en México? ¿De verdad no han creado ninguno y sólo se pueden crear bajo el paternalismo de un señor feudal?
Así las cosas. El sindicato de la empresa de Carlos Slim amenazó con estallar una huelga el próximo 25 de abril, que, de llevarse a cabo, podría dar lugar a la requisa de la empresa. Evidentemente no lo van a hacer porque afectarían los intereses del que de verdad manda. Todo es faramalla y marrullería. ¿Cuánto apuesta, estimado lector, a que no habrá huelga, y si la hay, será de papel?
