Yo y mi incómoda costumbre de recordar, de llevar un registro de las inocuas palabras de los funcionarios públicos que traicionan a la Constitución y la ley, para acomodarse a los intereses del dinero y el poder. Hace más de dos años, el 26 de febrero del 2014, publiqué esta columna con el título “IFT: un compromiso histórico”, y dije: “Vaya compromiso que en la conferencia de prensa del viernes pasado asumió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A pregunta expresa, el presidente del organismo, Gabriel Contreras, contestó que de confirmarse la simulación de actos jurídicos mediante la cual Telmex detenta el control de facto de Dish, la sanción que corresponde aplicar es la revocación de los títulos de concesión, tanto de Telmex como de Dish. Lo dicho por el presidente del IFT es puntualmente cierto; sin embargo, lo que más llamó mi atención fue la claridad y contundencia con que lo dijo. En el pasado, ante una consecuencia jurídica tan grave, los funcionarios públicos hubieran cantinfleado con tal de no comprometerse. Ya sabe, nos hubieran recetado alguna de las típicas frases huecas con que la burocracia solía escurrir el bulto, tales como “llegaremos hasta las últimas consecuencias” (sin decir cuáles son éstas), “se aplicará toda la fuerza de la ley” (sin decir a quién o a quiénes) o “se respetará el Estado de Derecho” (sea lo que sea que eso signifique en un país lleno de simulación y engaño)”.
Ése era el Gabriel Contreras de entonces, cuando la ley era clara y su interpretación no se negociaba en lo oscurito.
Hoy, de aquel hombre sincero y claro poco queda. Más de un año después de que el IFT confirmó que la operación entre Telmex y Dish implicó una concentración que iba más allá de los inocentes acuerdos de “facturación y cobranza” con que pretendieron engañar a todas las autoridades desde el 2008, el IFT no ha impuesto a Telmex ni a Dish la sanción que corresponde. Parece que el expediente simplemente se mandó al archivo para ver si se olvida.
Pero el liderazgo de Contreras en el IFT no sólo es omiso en sancionar la flagrante violación de Telmex y Dish a la Constitución por aprovecharse de manera indebida de las señales radiodifundidas, sino que a pesar de la prohibición expresa que tiene Telmex para prestar de manera directa o indirecta servicios de televisión, poco a poco ha ido tejiendo una red de interpretaciones a modo, para que, sin necesidad de seguir el procedimiento establecido en la ley, ni mucho menos cumplir los requisitos de equidad competitiva en el sector telecomunicaciones, Telmex pueda dar televisión de manera indirecta y utilizando mecanismos de simulación.
Tal es el caso de la polémica resolución en que por mayoría, el pleno del IFT resolvió que las transmisiones de programación en vivo por Internet que hace Telmex a través de su canal Uno TV no son televisión. Basta leer el voto particular del comisionado Adolfo Cuevas, quien votó en contra, para entender lo falaces, superficiales y tendenciosos argumentos utilizados para permitirle a Telmex la entrada a la televisión por la puerta de atrás.
Pocas semanas después, y de la mano de MVS, su socio en Dish, Telmex aprovecha el favoritismo del IFT y de lleno se lanza a la televisión abierta. En una clara burla a la prohibición de su título de concesión y envalentonado por el beneplácito cómplice del IFT, desde el lunes de esta semana Telmex empezó ya a transmitir televisión abierta, utilizando las estaciones de Grupo Multimedios, en una especie de coproducción entre el Canal 52Mx de MVS y Uno TV de Telmex. Vaya, hasta las camionetas del canal traen los logos de ambas empresas.
De cualquier órgano regulador serio, uno podría esperar una investigación a fondo y una resolución contundente que termine de una vez por todas con los constantes intentos por parte de Telmex para darle la vuelta a la prohibición de su título de concesión, pero el IFT saldrá a tratar de justificar la simulación: la televisión no es televisión, Telmex no es Telmex, el ingeniero Slim no existe…
