Desde antes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) oficializara —la semana pasada— la “separación funcional” de Telmex y de su empresa hermana, Telnor, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana había anunciado un emplazamiento a huelga para el próximo 25 de abril, adelantándose a la resolución del Instituto. Incluso Francisco Hernández, dirigente sindical, señaló que la telefónica estaba siendo “castigada” por el gobierno.
Ahora que el IFT ha hecho pública la “separación funcional” de Telmex y que esta empresa ha dicho que impugnará la medida, su sindicato ha vuelto a la cargada señalando que quiere participar en el proceso y ratifica el emplazamiento a huelga amenazando con que podría dejar sin servicio 12 millones de líneas telefónicas.
¿Qué hay detrás? ¿Qué está en riesgo?
En varios países donde la infraestructura telefónica fue pagada con recursos públicos y construida por empresas gubernamentales, pero después éstas fueron privatizadas — como fue el caso de Telmex/Telnor— las autoridades han venido poniendo ciertas obligaciones para compartir infraestructura entre competidores.
El caso más emblemático es British Telecom (BT) que fue privatizada en 1984. Como parte de las medidas regulatorias que le dictó el regulador británico, OFCOM, se encuentra desde 2005 el llevar a cabo una separación funcional. Fue así como nació, de una escisión funcional de BT, la empresa Openreach.
Lo anterior, toda vez que se concluyó que BT representaba una limitante para la existencia de una competencia efectiva, al dar un trato discriminatorio a la competencia que dependía de su red telefónica, algo idéntico a lo que todos los operadores telefónicos en México han acusado a Telmex/Telnor desde hace años. Así que el IFT decidió imponer la misma medida que el regulador británico impuso a BT.
La novedad es que el propio regulador británico, años después de realizar la separación funcional de BT, llegó a la conclusión de que ésta no sirvió y que British Telecom sigue teniendo la capacidad de discriminar a sus competidores, por lo que desde febrero de 2016 ordenó que Openreach fuera más independiente e instruyó nuevas medidas regulatorias a BT. Éstas pueden ser consultadas en http://bit.ly/MedidasOFCOM
Así que una “separación funcional” como tal, ni resuelve los problemas que enfrentan los competidores de Telmex/Telnor, ni representa una amenaza significativa para las empresas del ingeniero Slim y mucho menos para su sindicato. Todo dependerá del plan que le presenten al IFT en los próximos 65 días y lo que los comisionados de ese órgano regulador decidan finalmente.
De hecho, la “separación funcional” podría ser tan ligera como poner una nueva razón social —parte del mismo grupo—, y mover a esta empresa a algunos ejecutivos/trabajadores, sin que ello implique para estas personas afectación laboral alguna.
Si tomamos como referencia cómo ha sido la relación entre el IFT y Telmex, es difícil imaginar algún riesgo severo para el agente preponderante: el Instituto lleva años sin resolver el asunto de la concentración indebida Telmex-Dish; tampoco ha resuelto una sola denuncia de las cientos que han presentado los competidores contra Telmex; y, desde hace tres años tiene el pendiente de realizar una revisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones asimétricas de Telmex, como mandata la Ley de Telecomunicaciones. Van seis reportes que el IFT ha generado sobre Telmex y en ninguno se pronuncia respecto a la revisión efectiva que ordena la ley. Sólo se remite a transcribir “… a reserva de la verificación del cumplimiento efectivo que pudiera llevarse a cabo con posterioridad…”, con lo que cualquier definición sobre si Telmex ha acatado la nueva regulación queda como interrogante.
Con todos estos antecedentes, extranjeros y nacionales, más bien parece que Telmex y su sindicato están poniendo en marcha un show mediático para hacer ver como que son regulados y de paso incrementarle la presión al IFT y al gobierno en un complejo fin de sexenio.
Se entiende que todas las empresas utilicen todos los recursos a su alcance para obtener ciertos beneficios o minimizar perjuicios. Son parte de las reglas del juego en todo el mundo, pero esta vez parecería que Telmex y el sindicato exageraron el guion. Y tan lo exageraron que en la rueda de prensa que ayer convocó, el sindicato se equivocó de órgano regulador y señaló que la “Comisión Federal de Telecomunicaciones ordenó la división de Telmex y Telnor…”. Esta Comisión desapareció en 2013, la sustituyó el IFT. Uno esperaría que un sindicato preocupado por sus trabajadores y su empresa conociera cuando menos la autoridad de la que se queja, aquí ni eso. Parece más bien que le mandaron un guion: quejarse y amenazar, pero se quejó de una autoridad inexistente, por increíble que parezca. Así que muy, muy preocupados no están.
El tema es de gran trascendencia y definirá el futuro del sector telecomunicaciones en México. De esto dependerá el régimen de competencia, el que llegue más inversión extranjera y que los precios sigan bajando a los consumidores. Nadie debería buscar afectar a una empresa tan relevante para el país como Telmex, pero sí es justo que cumpla con las normas básicas de la competencia en telecomunicaciones. Ahí está el caso de OFCOM y BT. Nadie ha acusado al primero de tratar de achicar a la emblemática empresa británica de telecomunicaciones.
Cambiando de temas…
Licitación de TV: 24 interesados han quedado registrados —y con importantes garantías de seriedad— para participar en la licitación de 148 canales de TV, ya sea a manera nacional o regional. Así que más competencia tendrán Televisa, TV Azteca y la naciente Imagen. Además de que todas compiten con cientos de canales en los sistemas de TV de paga y con los contenidos disponibles vía Internet, como Blim, Netflix, AppleTv, Hulu, Click, Claro, etcétera.
Cifras que no cuadran: en EU hay un escándalo en el mundo cultural pues el gobierno de Donald Trump plantea cortar 445 millones de dólares (8,811 millones de pesos) que se dan de apoyo para que operen 1,489 estaciones de radio y TV públicas. En México se otorgan más de 1,066 millones de pesos para que operen apenas 74 estaciones de radio y TV públicas federales. ¿Nos cuesta mucho más aquí cada medio público?