2019-01-21
Hasta hace unos años, los consumidores mexicanos tenían acceso a servicios de telecomunicaciones a precios, entre los más elevados del mundo. Resultado de este escenario, en el año 2013 arrancó un proceso de transformación institucional y regulatoria que estableció mecanismos de promoción de competencia. Entre ellas, la aplicación de medidas asimétricas a jugadores que, como lo hizo América Móvil (Telmex/Telcel) en México, han demostrado su capacidad para imponer condiciones de mercado, como altos precios y baja calidad del servicio, en detrimento del bienestar de los consumidores.
Su aplicación ha logrado balancear, escasamente, el terreno competitivo entre los operadores de telecomunicaciones, pero con identificadas ganancias en términos de precios e inversiones. Sin embargo, la ganancia de unos es pérdida para otros. Esto es especialmente cierto para América Móvil, grupo que vio disminuidos sus ingresos ante su dificultad para cobrar tarifas excesivas y ejecutar estrategias comerciales destinadas a estrangular a sus competidores.
Bajo este contexto, el sexto aplazamiento de la huelga nacional por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) del pasado 16 de enero constituye una etapa más de una estrategia de amedrentamiento regulatorio por parte de preponderante. Ello, con el objetivo de retornar a las condiciones de mercado que le permitían disfrutar de niveles de rentabilidad mayores incluso a las de sus propias filiales en el extranjero.
No es la primera vez en que un mecanismo de este tipo se ponen en marcha para ejercer presión sobre las instituciones y la regulación que no le resulta favorable. Además de las ocasiones anteriores en las que la amenaza de paro ha sido convocada, basta recordar también las opiniones iterativas vertidas por telefonistas sobre la consulta pública de separación funcional en 2016 donde, a modo de bots, más de 91% de las opiniones correspondían a comentarios masivos firmados por trabajadores de este operador.
En su más reciente edición, el emplazamiento a huelga en contra de la separación funcional de la división mayorista de Telmex y Telnor funge como una extensión del plazo para una negociación que se perfila peligrosamente en contra de los intereses de los consumidores mexicanos y de lo dictaminado por el órgano regulador autónomo.
Si bien la comisión de trabajo entre diferentes órganos de gobierno y el STRM está imposibilitada legalmente a decidir algo contrario a lo estipulado por el IFT, este ejercicio coercitivo frente al gobierno no puede ser ignorado. Más aún, cualquier ejercicio de diálogo de esta naturaleza debe ser siempre acompañado por la industria en su conjunto, pues su desarrollo futuro es el que está en juego.
Recordemos que, como ya se ha demostrado, la competencia es la clave para incrementar la disponibilidad de servicios y la conectividad, especialmente en la base de la pirámide social.
